Maria Izquierdo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que su departamento impulsará una ley para aumentar la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. Esta medida se basará en umbrales legales mínimos determinados por el tamaño de la plantilla de cada empresa.
El informe sobre la democracia en el trabajo
“Una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de la ciudadanía”, defendió Díaz al presentar el informe de la Comisión Internacional de expertos sobre la democracia en el trabajo. El documento concluye que la gobernanza corporativa actual en España no ha cumplido con las promesas del artículo 129.2 de la Constitución española.
Compromisos constitucionales
Este artículo establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.
Como parte de su compromiso con el acuerdo del Gobierno de coalición y el mandato constitucional, la ministra ha expresado que trabajará en una propuesta legislativa destinada a desarrollar este artículo y crear la primera ley que regule la democratización de empresas en España, en diálogo con los agentes sociales.
Déficit de representación en España
Durante la presentación del informe, la presidenta del comité de expertos, Isabelle Ferreras, destacó que España se encuentra entre los países con menor reconocimiento de derechos para los trabajadores. Aunque existen comités de empresa y representación sindical, estos derechos son limitados y no permiten una participación estratégica efectiva.
“Dieciocho de los veintisiete países europeos han reconocido legalmente el derecho de los trabajadores en empresas del sector público, y a menudo también en el privado, a estar representados en los consejos de administración de las empresas. En este sentido, España se sitúa a la cola del tren europeo”, comentó Ferreras.
Propuestas clave de los expertos
Los expertos sugieren fortalecer las normas de los comités de empresa, especialmente en relación a los derechos de información y consulta, así como la introducción de un nuevo derecho para que estos comités puedan definir y consentir el uso de Inteligencia Artificial (IA) en las empresas. También proponen incluir a los trabajadores en los consejos de administración y establecer nuevos umbrales para el acceso a la propiedad de los trabajadores.
Se presenta además un índice de desarrollo democrático corporativo que evaluará el grado de democracia en el trabajo, midiendo el acceso a la voz y la propiedad de los trabajadores en las compañías. Cada empresa recibiría una calificación en ambas escalas, lo que serviría como un mecanismo de incentivos diseñado para premiar a aquellas empresas que logren altos estándares de gobernanza.
Incentivos y fiscalidad
Las empresas que alcancen altos estándares de gobernanza podrían beneficiarse de tipos impositivos reducidos y prioridades en la contratación pública. En contraste, se prevé que las empresas que mantengan modelos obsoletos asumirán mayores costes.
“En pocos años, los gobiernos podrán anunciar umbrales mínimos relacionados con la adaptación de los tipos impositivos y ayudas públicas. En diez años, la economía española avanzará de forma sostenida en el cumplimiento de las promesas constitucionales”, añadió Díaz.
Representación en los consejos de administración
Para facilitar una mayor voz a los trabajadores, el mecanismo sugerido propone que un tercio de los puestos en el consejo de administración sean ocupados por empleados en empresas con entre 50 y 1.000 trabajadores, mientras que en empresas con más de 1.000 empleados, esta representación asciende al 50%.
Además, se plantea la creación de fondos ciudadanos, posiblemente regionales, gestionados por trabajadores para adquirir acciones en situaciones de crisis de sucesión, evitando así que empresas viables sean liquidadas o vendidas a fondos de inversión depredadores.
La importancia de la participación en la productividad
La ministra Díaz subraya que la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas mejorará la productividad, argumentando que ellos son la “voz cualificada” que mejor comprende cómo organizar el trabajo. Adicionalmente, señala que muchas decisiones estratégicas se toman sin la efectiva participación de los trabajadores, lo que puede impactar negativamente en los territorios y las personas que integran esos entornos laborales.
Finalmente, Díaz mencionó que existen ejemplos de empresas en el ámbito público y en regiones como el País Vasco, donde se han logrado formas de democracia empresarial sin problemas. “Si de 27 estados, 18 normalizan esta forma de gobernanza, debe ser lo normal”, concluyó.
