Maria Izquierdo
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales firmada recientemente con CCOO y UGT lanza un «SOS colectivo» para actualizar una norma «clave», que acaba de cumplir 30 años, a la realidad del mercado de trabajo del siglo XXI.
«Esta es la norma más importante que vayamos a hacer en estos seis años, porque tiene que ver con la salud y la vida de las personas trabajadoras», ha recalcado Díaz durante la firma del acuerdo para la modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.
El acuerdo para actualizar la norma ha sido suscrito entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pero no por la patronal CEOE y Cepyme, que no forman parte del pacto después de que Trabajo decidiera el pasado noviembre cerrar la mesa tripartita de negociación, tras casi 20 meses de negociaciones, debido a la actitud «inasumible, inconsecuente y de rémora» que mostraron los empresarios, según palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
La ministra ha agradecido al diálogo social por haber trabajado por este acuerdo, que se firma tras más de dos años desde que se iniciaran las negociaciones en febrero de 2024. Reconoció que le hubiera gustado un acuerdo tripartito –con la patronal–, que finalmente no ha sido posible, aunque, para Díaz, eso no quita que el pacto suscrito este martes sea un «ejemplo de manual» de diálogo social.
«Lamento que la patronal española no esté en la firma. Esta no es una política de partido, lo que estamos haciendo aquí es una política de Estado, y es una vocación de decir que en el siglo XXI nadie puede morir en su puesto de trabajo. Es una vergüenza que esto pase. Proteger la salud y la vida de la gente trabajadora no es una cuestión ideológica», ha expuesto.
Se incorporan preceptos escritos por las patronales
Díaz ha indicado que la patronal también forma parte de este acuerdo, aunque no lo haya suscrito, porque ha redactado algunos de los preceptos de la norma, y ha asegurado que CEOE y Cepyme no están en el acuerdo por «razones ajenas» a la salud de las personas trabajadoras.
Con la nueva ley, se reforzará la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo. Además, se incorporará de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva.
Para ello, el acuerdo prevé nuevos reglamentos específicos sobre riesgos psicosociales y cambio climático. También se reforzará la formación en prevención, el papel de las personas trabajadoras con funciones preventivas y la eficacia de los servicios de prevención.
Así, la reforma responde a los nuevos riesgos del siglo XXI, que incluyen los riesgos psicosociales, la salud mental, el cambio climático, la digitalización y el trabajo a distancia. Con ella, como ha apuntado la ministra, se busca reducir la siniestralidad laboral, que sigue causando unas 700 muertes al año, y mejorar la detección de enfermedades profesionales.
Yolanda Díaz ha recalcado que en democracia no se puede permitir que una media de más de dos personas cada día mueran en su lugar de trabajo, por lo que ha indicado que esta reforma es «clave» en el país.
«Hoy hay riesgos que sufrimos en el trabajo que hace tan solo una década eran ciencia ficción. Riesgos derivados del uso de algoritmos (…) Cuando un algoritmo decide ritmos, tareas o evaluaciones, puede llegar, sí, a hacer que nos enfermemos; puede intensificar el trabajo hasta generar una enfermedad. Esto no es neutral, lo sabemos muy bien», ha expuesto.
Díaz ha enfatizado que no se puede seguir normalizando el agotamiento ni la ansiedad por causa del trabajo ni se puede hablar de fragilidad cuando una persona acumula estrés o se quema durante meses. «No es verdad que sean inevitables», ha añadido.
El acuerdo se enmarca en el reconocimiento internacional del derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como derecho fundamental por la OIT y se alinea con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
El Ministerio de Trabajo tramitará como anteproyecto de ley la actualización de la norma, que ha estado vigente desde 1995, comprometiéndose a modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Estatuto de los Trabajadores.
Una norma que pone al trabajador en el eje y no mira solo el puesto
Díaz ha indicado que esta norma integra por primera vez una definición de la violencia y el acoso desde el punto de vista de la prevención, alineada directamente con el convenio 190 de la OIT, que obliga a las empresas a identificar estos riesgos y adoptar medidas.
La reforma también tendrá en cuenta situaciones específicas, como el embarazo y la lactancia, desde una lógica preventiva; la situación de los autónomos que trabajan dentro de empresas en contratas integrará la edad y la diversidad generacional como un elemento central en la prevención de riesgos.
«La prevención deja de mirar solo el puesto de trabajo y empieza a mirar también a la persona que lo ocupa, su experiencia, su desgaste acumulado y también el momento que esté viviendo esa persona», ha añadido la ministra. Además, ha señalado que la reforma refuerza la coordinación entre empresas para garantizar que los trabajadores que encadenen subcontratas no queden desprotegidos.
CCOO y UGT piden al Congreso tratar la norma «con responsabilidad»
Por su parte, Pepe Álvarez y Unai Sordo han solicitado a los grupos políticos que traten la norma con la necesidad «inmediata» e «inminente» que tiene para que pase por los trámites parlamentarios y se convierta en ley.
«Sus señorías van a tener que decidir si esta ley forma parte del espectáculo que venimos viendo en los últimos tiempos o, por el contrario, van a hacer un acto de responsabilidad», ha expuesto Álvarez.
El líder sindical ha cargado contra la patronal por no estar en el acuerdo, y le ha pedido «dar un paso adelante» para sumarse a la reforma, mientras sostiene que los márgenes empresariales ofrecen medios suficientes a las empresas para mejorar la prevención de riesgos y los salarios.
Sordo ha denunciado el infrarregistro de las enfermedades causadas por contingencias profesionales y ha afirmado que esta reforma es una reivindicación histórica sindical para visibilizar los riesgos que han incrementado su presencia en los últimos años, entre ellos los riesgos psicosociales, que están detrás de muchos de los incrementos de bajas laborales recientes.
Por su parte, en declaraciones a la prensa este martes en un acto celebrado en Marruecos, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que el acuerdo para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales firmado entre el Ministerio de Trabajo y CCOO y UGT «no es diálogo social», sino que implica volver de nuevo «al monólogo social».
