Maria Izquierdo
Madrid, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) – Vox ha denunciado la «voracidad legislativa» de la Unión Europea mediante la presentación de una proposición no de ley en el Congreso. El objetivo es fomentar una simplificación normativa a nivel comunitario que vaya más allá de los paquetes de simplificación conocidos como «ómnibus».
Esta iniciativa ha sido registrada para su debate en la Comisión de Industria y Turismo. El partido, liderado por Santiago Abascal, solicita «poner fin al aumento desmesurado de la actividad legislativa comunitaria» y propone, en su lugar, un amplio y efectivo proceso de simplificación normativa.
Vox argumenta que es esencial frenar la sobrerregulación europea para preservar la actividad industrial y el empleo. El grupo parlamentario sostiene que, en los últimos años, la Unión Europea ha experimentado un incremento notable en su legislación, adoptando alrededor de 13.000 actos legislativos, en comparación con aproximadamente 5.000 actos legislativos aprobados por el Congreso de Estados Unidos.
Asimismo, el partido denuncia que esta sobrerregulación está «imponiendo costes adicionales considerables a las empresas», afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y beneficiando, indirectamente, a compañías no europeas que no están sujetas a las mismas condiciones de regulación.
Contra las directivas de sostenibilidad
Vox señala puntualmente las directivas europeas relacionados con la información corporativa en materia de sostenibilidad y la debida diligencia de las empresas en este ámbito. Según el partido, estas directivas perjudicarán a más de 1.000 compañías solo en España, que tendrán que destinar más de 1.000.000 de euros al año para cumplir con las exigencias burocráticas que se derivan de ellas.
En este contexto, Vox pide la derogación de estas dos directivas y un refuerzo en la realización de evaluaciones de impacto para valorar las repercusiones de nuevas iniciativas comunitarias. De esta forma, se espera también contribuir a la reducción de la carga administrativa que pesa sobre las empresas europeas.
«Resulta imperativo que España trabaje y presione en las instituciones europeas para frenar la desmesurada producción normativa comunitaria», remata Vox.
