Maria Izquierdo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto cambios menores a los principales partidos que conforman la llamada ‘gran coalición’ del Parlamento Europeo para calmar las críticas a su propuesta inicial sobre el nuevo presupuesto. Esta propuesta ha sido mal recibida en los círculos políticos, ya que implica que los gobiernos nacionales recuperarían parte del control sobre la gestión de gastos en políticas clave, como los fondos de cohesión y la Política Agrícola Común (PAC).
En su cuenta de X, Von der Leyen afirmó que el Ejecutivo Comunitario ha «aclarado y reforzado» sus objetivos para garantizar el papel de las regiones, reforzar la identidad de la PAC y mejorar la gobernanza. Estas afirmaciones surgieron después de una reunión con Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.
La jefa del Ejecutivo comunitario señala que las tensiones con los cuatro partidos que respaldan su mandato —populares, socialdemócratas, liberales y verdes— están ahora resueltas, afirmando que existe un «entendimiento sólido» sobre las propuestas y un «claro camino a seguir».
Recientemente, el Ejecutivo de Von der Leyen envió un documento de ocho páginas a los principales grupos, que incluye ajustes a la propuesta inicial del nuevo presupuesto. Este documento ha sido discutido con Metsola y Frederiksen para reducir el riesgo de un estancamiento durante la sesión plenaria de este noviembre.
Entre las novedades del documento, Von der Leyen sugiere incluir un «objetivo rural» del 10% que establezca un umbral mínimo que los gobiernos deban redirigir de su sobre nacional hacia dicha área, lo que sería distinto a los recursos previstos ya para las políticas agrarias y pesqueras comunes.
El objetivo de este ajuste es «reforzar la identidad de la PAC, mejorar el papel de las regiones y optimizar la gobernanza», según el portavoz de Presupuestos, Balazs Ujvari, quien destacó que no se presenta una nueva propuesta, sino modificaciones para facilitar la negociación.
Tras este primer encuentro, Von der Leyen ha confirmado que participará en el debate sobre las negociaciones del próximo presupuesto en el pleno del Parlamento Europeo, previsto para el miércoles. Por su parte, Metsola ha calificado los cambios propuestos como «un buen paso adelante», asegurando que el proceso continuará.
La presidenta del Parlamento Europeo también ha trasladado a Von der Leyen las «preocupaciones» expresadas por los eurodiputados en relación con el papel de las autoridades regionales y locales en el próximo presupuesto común, así como sobre la PAC y cuestiones de gobernanza, incluido el peso del Parlamento Europeo en estos procesos.
La presidenta de turno del Consejo, actualmente Dinamarca, ha indicado que la reunión «confirma la ambición compartida» de lograr un acuerdo «a tiempo» sobre el presupuesto post-2027, que respete tanto los retos que enfrenta la Unión como las dudas planteadas por varios Estados miembros sobre la gestión de fondos y el futuro de la PAC.
En julio, el Ejecutivo comunitario presentó su propuesta legal para el marco financiero plurianual (MFF), que establece un gasto previsto de 2 billones de euros para el periodo 2028-2034, equivalente al 1,26% del PIB europeo. Esta propuesta incluye un aumento significativo en los fondos para defensa y una reducción en los recursos destinados a la PAC y la cohesión. El objetivo es concluir las negociaciones del presupuesto a finales de 2026 o principios de 2027, lo que requerirá la unanimidad de los Veintisiete y la ratificación del Parlamento Europeo.
Últimátum de la gran coalición
Recientemente, los líderes de los grupos que forman la gran coalición en el Parlamento Europeo (PPE, S&D, Liberales y Verdes) han advertido a Von der Leyen que su propuesta de presupuesto «no es aceptable», señalando que fomenta una «Europa a la carta» que renacionaliza la gestión de recursos comunes a través de sobres nacionales, lo que en la práctica restaría poder a las regiones.
El documento enviado a la presidenta de la Comisión Europea critica que los planes de asociación nacional y regional (NRPP) llevarían a una fragmentación y a una menor solidaridad, además de resultar en el financiamiento de 27 planes diferentes. También advierten que este enfoque no garantiza que se cubran todas las categorías de regiones, lo que podría perjudicar la previsibilidad y generar distorsiones en el mercado único de la UE.
