Maria Izquierdo
MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) – UGT ha demostrado este jueves su apoyo a la propuesta del Ministerio de Igualdad, que busca que el Instituto Nacional de Estadística (INE) excluya de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) la «prestación o concertación de servicios sexuales».
En enero de 2025, España incluyó por primera vez la prostitución en este listado a través de un Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, el sindicato sostiene que dicha inclusión legitima la prostitución como una actividad económica normal y, por ende, valida de forma tácita la trata de personas con fines de explotación sexual, el proxenetismo y la violencia contra las mujeres, aspectos que se intentan combatir mediante el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
UGT argumenta que no se puede reconocer la prostitución legalmente como un trabajo sin considerar la realidad social. De acuerdo a su postura, la realidad de la prostitución está compuesta en su mayoría por mujeres y niñas, donde aproximadamente un 90% son mujeres migrantes. «Ignorar la realidad que envuelve el mundo de la prostitución es ocultar una lacra sexista y discriminatoria», expresan desde el sindicato.
El sindicato enfatiza que reconocer legalmente la prostitución es un ataque a los derechos humanos y al derecho fundamental a la igualdad de género. Además, sostiene que decisiones como esta consagran legalmente el esclavismo de las mujeres prostituidas. UGT considera que la única regulación «admisible y coherente” con la Constitución española es la regulación abolicionista.
Además, UGT interpuso en julio una reclamación colectiva contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), argumentando que la legislación española no asegura la protección de mujeres y niñas víctimas de prostitución o del riesgo de trata con fines de explotación sexual. En esta reclamación, la organización denuncia que la normativa española infringe varios artículos de la Carta Social Europea, en aspectos como el derecho a un trabajo libremente elegido y la protección de la dignidad humana en la prestación de servicios.
El sindicato subraya que exige que la legislación y las políticas públicas sobre prostitución y trata con fines de explotación sexual se declaren disconformes con el sistema de derechos y garantías de la Carta Social Europea.
