Maria Izquierdo
Telefónica ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un total de 6.088 personas, lo que representa el 35,3% de la plantilla de las siete filiales implicadas en el proceso. Los sindicatos han informado sobre esta cifra tras la constitución de todas las mesas de negociación.
La afectación se distribuye de la siguiente manera:
- 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% de una plantilla total de 8.892);
- 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587);
- 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118);
- 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860);
- 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638);
- 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993);
- 378 en Telefónica S.A (32,58% sobre una plantilla total de 1.160).
Aunque el ERE plantea una afectación considerable, es importante mencionar que, en la mayoría de estos procesos, la cantidad final de despidos suele reducirse a medida que avanzan las negociaciones entre la empresa y los sindicatos. En el último ERE llevado a cabo por Telefónica, se registró la salida de 3.420 trabajadores, un 33% menos que los 5.124 despidos inicialmente planeados, con el acuerdo alcanzado en enero de 2024. El coste del despido colectivo del año 2024 se situó en torno a 1.300 millones de euros (antes de impuestos), lo que supone un promedio de aproximadamente 380.000 euros por trabajador, cifra inferior a los planes de salida de años anteriores.
El ahorro anual esperado para la empresa en consecuencia del ERE es de aproximadamente 285 millones de euros. Este nuevo ERE se enmarca dentro del plan estratégico que la compañía presentó recientemente, donde se proponen ahorros de costes de alrededor de 3.000 millones de euros para 2030, y 2.300 millones de euros para 2028, incluyendo partidas ligadas al personal.
Postura de los sindicatos
UGT y CCOO han manifestado en un comunicado conjunto su rechazo a los despidos propuestos en Telefónica S.A (378 personas), Telefónica Innovación Digital (233) y Telefónica Global Solutions (140). Según los sindicatos, existen alternativas viables que podrían evitar el despido colectivo. Subrayan que su prioridad es preservar el empleo y las condiciones de los trabajadores de la empresa, afirmando que cualquier medida adoptada debe ser resultado del diálogo y el consenso.
Los sindicatos han notificado que la negociación del ERE y la prórroga del convenio colectivo son «procesos inseparables» y han instado a que ambos se resuelvan simultáneamente, garantizando así acuerdos que puedan respaldar.
Divergencia de posiciones en el Gobierno
En un contraste notable con la unidad manifestada por los sindicatos, el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha expresado su oposición frontal al proceso de despido en Telefónica, empresa de la que el Estado posee un 10% mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha calificado el ERE como «indecente», argumentando que no se justifica que una empresa con beneficios despida a aproximadamente 6.000 trabajadores.
Díaz ha enfatizado que «el dinero público no está para despedir a nadie», y ha remitido sus argumentos a la SEPI. “Consideramos que una empresa con beneficios y participada con recursos públicos no debería despedir a más de 5.000 trabajadores”, ha aseverado, instando a que el ERE se desarrolle siempre con acuerdo de los sindicatos.
La SEPI aboga por el diálogo
Desde la SEPI, se ha señalado que la exigencia del brazo inversor del Estado es que existan acuerdos con la parte social respecto al empleo. Los representantes indicaron que las acciones que afecten a la plantilla deben ser resultado de negociaciones con los sindicatos, expresando confianza en que ambas partes llegarán a un acuerdo.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reafirmado la posición del Gobierno, destacando que cualquier decisión relacionada con el ERE debe llevarse a cabo mediante un acuerdo con los trabajadores.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también ha manifestado que el Gobierno estará atento al desarrollo del ERE, asegurando que se promoverá el diálogo continuo entre la empresa y los sindicatos.
