Maria Izquierdo
Archivo: El diputado de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Félix Alonso Cantorné, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 18 de junio de 2025, en Madrid (España).
Madrid, 15 de febrero. (EUROPA PRESS) – Sumar defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca endurecer la normativa de los préstamos rápidos en España. El objetivo es ampliar el ámbito objetivo de los créditos regulados, eliminando el actual límite de 200 euros.
El grupo plurinacional alerta en su propuesta que las empresas que ofrecen créditos de pequeños importes, entre 50 y 1.000 euros, han proliferado en los últimos años. En ocasiones, estas compañías ofrecen créditos con intereses de hasta el 4.000%, 5.000% e incluso 59.000% TAE. Esta falta de transparencia en la concesión de los préstamos aboca a los prestatarios a «espirales de pagos imposibles».
Félix Alonso, diputado de En Comú que lidera esta propuesta, advierte que la normativa española actual no incluye una reserva de actividad para la concesión de crédito. Esto significa que estas empresas que otorgan préstamos inmediatos no son supervisadas por el Banco de España ni hay un registro que las identifique.
La Justicia no puede hacer mucho
Esta situación provoca que, ante posibles abusos, los clientes no tengan claro el camino para demandar. En algunos casos, las empresas, al no estar registradas, disuelven sus sociedades y desaparecen. Algunos tribunales indican que no hay una normativa clara ni un parámetro objetivo para calificar como usurario un crédito, y el supervisor no se refiere a este tipo de productos.
En este contexto, y considerando la Directiva Europea de 2023 sobre contratos de crédito al consumo, Sumar defenderá en el Pleno de la Cámara e impulsará las medidas necesarias para regular los créditos rápidos, eliminando su carácter abusivo y garantizando los derechos de los consumidores.
Para alcanzar esta meta, el grupo propone una batería de medidas que incluye, en primer lugar, el establecimiento de criterios para definir qué se considera un préstamo abusivo, así como el impulso de medidas para evitar costes de crédito excesivos o usurarios, como los que han padecido algunos consumidores.
Exigir prácticas respetuosas con el consumidor
También se propone establecer un procedimiento de registro y supervisión de todos los prestamistas de crédito al consumo, permitiendo que solo aquellas empresas que demuestren solvencia adecuada y presenten prácticas respetuosas con el consumidor puedan operar.
Además, otras propuestas incluyen exigir modelos contractuales que ofrezcan estándares adecuados para el consumidor y someter a las empresas de crédito al consumo y a los créditos rápidos al control y supervisión del Banco de España. Se recomienda prohibir la publicidad que destaque la facilidad de obtención del crédito sobre el coste del mismo.
Por último, Sumar insta a articular, junto con otras administraciones, un estudio que utilice los medios necesarios, incluida la Inteligencia Artificial, para detectar anuncios y posibles abusos y fraudes de estos prestamistas, y que se sancione o inicie una denuncia penal si se prueba necesario.
