Maria Izquierdo
Santa Bárbara Sistemas, perteneciente a General Dynamics European Land Systems (GDELS), ha anunciado su intención de recurrir en el Tribunal Supremo los contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha concedido a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano, con un valor total de 7.240 millones de euros.
Contexto del Recurso
El recurso contencioso-administrativo que ha sido admitido por el Tribunal Supremo incluye una solicitud de medida cautelar para la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0%. Estos préstamos han sido otorgados a la UTE para prefinanciar dos de los principales programas de artillería establecidos en la estrategia de modernización militar del Gobierno.
Argumentos de Santa Bárbara
En su recurso, Santa Bárbara ha expresado que no fue invitada al procedimiento negociado sin publicidad llevado a cabo por el Ministerio de Defensa a la hora de adjudicar contratos para la fabricación de obuses de ruedas y de cadenas, lo que consideran una limitación significativa a su capacidad de competir en el sector. Santa Bárbara ha afirmado: «no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia».
Adjudicaciones de Contratos
El 22 de diciembre, el Ministerio de Defensa adjudicó a la UTE Indra-Escribano el contrato para el obús de ruedas por casi 2.686 millones de euros y el de cadenas por casi 4.554 millones de euros. A pesar de que estas adjudicaciones ya se han realizado, Santa Bárbara no ha presentado aún un recurso para suspender los mismos, como ha confirmado fuentes conocedoras de la situación.
Perjuicio Potencial
El recurso destaca que, si no se suspenden los préstamos estatales solicitud, esto podría causar un «perjuicio irreparable» a Santa Bárbara, que se describe como «el único fabricante español de sistemas de artillería». La empresa argumenta que tanto Indra como Escribano carecen de la experiencia y recursos necesarios en este ámbito. Esto limitaría su capacidad competitiva en el mercado español de defensa, especialmente en plataformas blindadas y sistemas de artillería, donde Santa Bárbara sostiene tener mejores competencias.
Medidas Cautelares y Rechazo del Supremo
Adicionalmente, Santa Bárbara ha pedido que el periodo comprendido entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 se considere laborable para avanzar en la toma de decisiones sobre las medidas cautelares solicitadas; sin embargo, esta solicitud fue rechazada por el Tribunal Supremo.
En resumen, Santa Bárbara busca proteger su posición en el sector de defensa español después de sentir que ha sido injustamente excluida de un proceso de adjudicación significativo que tiene el potencial de afectar su viabilidad y competitividad a largo plazo.
