PP, Vox y Junts rechazan los decretos sobre el escudo social y el tope de precios en emergencias

El PP, Vox y Junts han unido sus fuerzas este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para rechazar dos decretos leyes del Gobierno. Uno de ellos incluía la prórroga del escudo social, que comprendía la moratoria antidesahucios y la prohibición del corte de agua y luz para las personas vulnerables; el otro, establecía un límite a los precios de productos y servicios en situaciones de emergencia.

Como ocurre con todos los decretos leyes, estas normas entraron en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero debían ser enviadas al Congreso en un plazo de treinta días para su convalidación o derogación. En ambos casos, UPN se abstuvo y el resto de los grupos votaron a favor de las normas. No obstante, finalmente fueron derogadas con los 177 votos provenientes de PP, Vox y Junts.

Además de la moratoria antidesahucios, el decreto del escudo social también actualizaba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, ampliaba los descuentos en el bono social eléctrico y establecía exenciones fiscales para las ayudas destinadas a los afectados por los incendios del verano pasado y la dana.

Por otro lado, el decreto impulsado por el Ministerio de Consumo otorgaba al Gobierno la autoridad para fijar un límite al precio de un servicio o producto cuando se declare una situación de emergencia. Esto se relaciona con casos recientes en Andalucía, donde debía garantizar que el precio no superara el máximo que tuvo en los treinta días naturales previos a la declaración de emergencia.

Tras la votación adversa, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó en redes sociales su rechazo hacia PP, Vox y Junts, acusándolos de actuar de manera «irresponsable» con la clase trabajadora y de ser «protectores» de los privilegiados.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, también criticó en los pasillos del Congreso a PP y Vox, salvo a Junts, por votar «una vez más contra los intereses de la ciudadanía española». Denunció que su decisión resultaría en la expulsión de las familias más vulnerables a la calle sin una alternativa habitacional, tachándolos de «okupas» mientras el PP «se reparte las viviendas de protección pública en Alicante con sus amiguetes». Esta afirmación hace referencia al escándalo de las viviendas protegidas adjudicadas a ‘populares’ en el consistorio alicantino.

Bustinduy también reprochó el rechazo al decreto de su departamento que pretendía limitar los precios en situaciones de crisis. Explicó que, ante los recientes temporales de Grazalema y la tragedia de Adamuz (Córdoba), las multinacionales subieron de manera abusiva los precios de productos, incluidos los billetes de avión, «por cuatro y por cinco».

El ministro expresó su deseo de que no se repitan situaciones semejantes en el futuro, pero advirtió que si ocurrieran y las empresas explotaran la vulnerabilidad de la gente para inflar precios, sería «gracias al PP y a Vox». «Llevará su firma y su apellido. Es una vergüenza lo que hacen», sentenció Bustinduy.

A pesar de esta derrota, el ministro aseguró que el Gobierno no se deterá en su esfuerzo por proteger a los consumidores de los abusos flagrantes.

Otros dos decretos del Ejecutivo lograron avanzar, revalorizando las pensiones para el año 2026 y proporcionando ayudas económicas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Se acordó que ambas normas se tramitaran como proyecto de ley.

En cuanto a las ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios, el hemiciclo votó a favor, excepto la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien votó en contra por error. El decreto contempla ayudas que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, dependiendo de la categoría de daños sufridos.

Respecto a la revalorización de las pensiones, solo Vox votó en contra de esta medida, que prevé un aumento del 2,7% en las pensiones contributivas y de clases pasivas, y de más del 7% en las pensiones mínimas.

Adicionalmente, las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares incrementarán en un 11,4%, así como las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán en un 11,4%.