Maria Izquierdo
MADRID, 15 de enero de 2026 – Agricultores y ganaderos españoles volverán a tomar las calles españolas del 26 al 30 de enero en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, situaciones que están agravando la crisis que afecta al campo en España.
Anuncio de movilizaciones por parte de organizaciones agrarias
Las asociaciones agrarias, incluyendo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), han promovido estas concentraciones y movilizaciones por todo el país.
Objetivo de las movilizaciones
El secretario general de UPA, Cristobal Cano, ha comunicado que el proceso de movilizaciones concentrará la mayor parte de las acciones el próximo 29 de enero, con tractoradas y protestas por distintos puntos del territorio, además de actos organizados por asociaciones locales en Madrid. Hasta el momento, no se ha programado ninguna manifestación oficialmente a nivel nacional.
Ya se han iniciado movilizaciones en la frontera de España y Francia en Irún, mientras que mañana están convocadas cuatro tractoradas en Extremadura. También se han fijado fechas para concentraciones agrarias en el Levante y Valladolid en los próximos días.
Demandas y preocupaciones del sector agrario
Cano ha indicado que la finalidad es concentrar el mayor número de movilizaciones el 29 de enero como respuesta a la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo.
Desde Asaja, su presidente, Pedro Barato, ha afirmado que hay un «rotundo rechazo» al acuerdo con Mercosur en su forma actual, ya que carece de reciprocidad y genera competencia desleal. «Es el momento de que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro», ha añadido Barato.
En cuanto a las cláusulas de salvaguardia del acuerdo, ha comentado que «son imposibles de aplicar», señalando que si no se controla la llegada de productos ilegales, como la cocaína, es poco probable que se pueda controlar la carne de vacuno. Además, ha recalcado que el acuerdo «pone en peligro» sectores clave como la carne de vacuno, el azúcar, los cítricos, la remolacha y el arroz.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha reiterado que el campo no se opone al comercio, pero sí a condiciones desiguales que favorecen la competencia desleal. Ha enfatizado que el sector agrario está siendo «vendido por calderilla» y advierte que ya se están perdiendo producciones en España, como el tomate cherry, la cebolla o el espárrago.
Preparativos para el futuro
Ante estas circunstancias, los tractores volverán a las calles de las ciudades españolas, como ya se observó el año pasado, para exigir medidas que mitiguen la crisis del medio rural. Aunque algunas organizaciones agrarias han sido consultadas sobre la posibilidad de unirse a la manifestación nacional convocada por la Unión de Uniones para el próximo 11 de febrero, han expresado su «respeto absoluto» por esta convocatoria, aunque aún no han recibido invitaciones formales para participar.
Valoración de las medidas del Gobierno
Las organizaciones agrarias también han evaluado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional en el sector agrario. En particular, se ha mencionado la posibilidad de que los jóvenes adquieran tierras rústicas pertenecientes a la Administración General del Estado, algo que Cano considera positivo, aunque precisa que la falta de información sobre la ubicación de dichas tierras genera incertidumbre.
Padilla, por su parte, ha sugerido que es importante evaluar la calidad de las tierras que se ofrecerán a los jóvenes. Si son fértiles y tienen acceso a agua, serán bienvenidas, de lo contrario, podría ser contraproducente.
Una de las propuestas consistió en destinar un 10 % de los recursos de la PAC al relevo generacional, lo cual ha sido valorado positivamente por UPA, ya que anteriormente se contemplaba un 6 %. Sin embargo, Barato ha expresado su preocupación de que «no sea a costa de restar recursos a los mayores, que son quienes sostienen el sistema».
