Maria Izquierdo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un auto esta semana que respalda, por segunda vez, las resoluciones tomadas por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, instando a la multinacional Airbnb a retirar miles de anuncios de pisos turísticos de su plataforma. Estas medidas fueron motivadas por la falta de indicación de licencias correspondientes y su naturaleza jurídica, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad de la publicidad en la que se basan.
Medidas cautelares y primeros resultados
Concretamente, el TSJM se ha pronunciado sobre las medidas cautelares dictadas por el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, a través de la Dirección General de Consumo. Estas medidas requieren que Airbnb retire de su plataforma casi 35.000 anuncios (34.728 en total) que no cumplían con la normativa vigente.
La reacción de la multinacional fue recurrir esta medida, pero el Tribunal ha confirmado su decisión de denegar el recurso de Airbnb, tal como ya lo había hecho en un caso anterior en mayo de 2025. De esta forma, el TSJM reafirma su apoyo a las acciones emprendidas por el Ministerio de Consumo.
Resoluciones acumuladas contra Airbnb
En total, el Ministerio ha solicitado a Airbnb retirar un total de 65.000 anuncios mediante tres resoluciones. La primera de ellas abarcó 5.800 anuncios y fue avalada por el TSJM en mayo. La segunda, que comprende los 34.728 anuncios mencionados, ha sido confirmada esta semana, dejando pendiente una última resolución que corresponde a los anuncios restantes, que no ha sido recurrida.
Tras recibir las resoluciones, y luego del primer respaldo judicial, Airbnb procedió a retirar estos 65.000 anuncios de su plataforma en julio de 2025.
Causas de la ilegalidad detectada
Desde la Dirección General de Consumo se argumentaron tres razones clave para justificar la ilegalidad de estos anuncios de pisos turísticos en Airbnb:
- Los anuncios no incluyen el número de licencia o registro, que es un requisito obligatorio según varias normativas autonómicas.
- Algunos anuncios presentaron números de licencia que no correspondían a los expedidos por las autoridades, lo que puede inducir a error o engaño a los consumidores.
- Los anuncios no especifican la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no indican si son profesionales o particulares, lo que es fundamental para proteger adecuadamente a los consumidores.
Iniciativas adicionales del Ministerio
En diciembre de 2024, en el marco de estas acciones, el Ministerio abrió un expediente sancionador relacionado con la publicidad ilegal de viviendas turísticas y mantiene abiertos otros expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas, así como a agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler.
El contexto de la crisis de vivienda en España
Todas estas acciones se inscriben en el objetivo del Ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, de contribuir a mitigar la crisis de vivienda que afecta a España, considerada una de las principales problemáticas del país. Bustinduy ha comentado: «Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares». El ministro enfatizó que «ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley».
