Maria Izquierdo
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció recientemente que su departamento está buscando formas de recuperar el dinero que el Estado dejó de percibir debido a ciertas leyes aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Estas leyes favorecieron a sectores empresariales como el gasista, las constructoras y los juegos de azar, a instancias del entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. Montero enfatizó que, si bien se están considerando modificaciones legislativas para el futuro, no se pueden implementar medidas retroactivas que resulten en un trato gravoso para los contribuyentes.
Durante una entrevista en TVE, la ministra explicó que el equipo del Ministerio de Hacienda está revisando las normativas que, según una investigación de un juzgado de Tarragona, beneficiaron a grandes empresas a cambio de pagos al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro antes de su etapa en el Gobierno. La intención de la ministra es analizar cómo esos cambios normativos afectaron los ingresos del Estado y qué medidas se pueden tomar para revertir esta situación.
### Prematuro hablar de cifras
Montero fue consultada sobre la posibilidad de recuperar los 2.200 millones de euros que, según la investigación judicial, se estiman como perdida. Sin embargo, destacó que es «prematuro para hablar de ninguna cifra». La ministra recalcó que la modificación de leyes tiene que centrarse en asegurar que no exista un impacto negativo en los contribuyentes de forma retroactiva.
Además, añadió que la Unidad Central Operativa (UCO) y los juzgados tendrán sus propias estimaciones y que su objetivo es encontrar mecanismos para revertir la situación actual y evitar que se repita en el futuro. «Estamos explorando todas las fórmulas para hacer posible ese cambio normativo y, por tanto, restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio», afirmó.
### La corrupción del PP
La ministra también hizo mención a una investigación que revela que administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular, como la Xunta de Galicia y la Comunidad de Madrid, realizaron pagos a Equipo Económico. Esto, según Montero, pone de manifiesto que «la corrupción del PP alcanza a la totalidad del sistema». Se cuestionó la falta de explicaciones de Alberto Núñez Feijóo, quien fue presidente de la Xunta durante el periodo en el que se produjeron estos pagos, y destacó la necesidad de que aquellos involucrados deben dar la cara.
En el contexto de la reforma de acceso a datos fiscales, Montero aclaró que el verdadero problema no es que los inspectores de la Agencia Tributaria tengan acceso a la información, sino el uso que se da a esos datos. Se preguntó para qué podría necesitar un ministro conocer datos fiscales de contribuyentes específicos y subrayó que, durante su gestión, su equipo jamás ha tenido acceso a detalles fiscales personales.
Montero insistió en la importancia de perseguir comportamientos indebidos y reafirmó que su equipo se enfrenta a este asunto con la máxima transparencia y compromiso.
