Maria Izquierdo
BRUSELAS 21 Ene. (EUROPA PRESS) – El pleno del Parlamento Europeo ha acordado este miércoles por una diferencia de apenas diez votos denunciar el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a dudas sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario. Esta decisión suspenderá el proceso de ratificación del pacto, aunque no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.
La propuesta para solicitar un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo, promovida por la izquierda europea, ha obtenido 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. En contraste, una segunda iniciativa similar, respaldada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, fue rechazada con 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.
Manon Aubry, copresidenta de la Izquierda europea, celebró la votación afirmando que «todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras los agricultores han estado protestando contra este acuerdo durante meses. Seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace por el bien de nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública».
Saskia Bricmont, eurodiputada de los Verdes europeos encargada del dosier, añadió que «esta votación envía un claro mensaje al Consejo y a la Comisión: Europa no puede continuar sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio».
Desde el Partido Popular Europeo (PPE), el eurodiputado Jörgen Warborn ha criticado la decisión, argumentando que responde más a razones políticas que legales, en un intento por «bloquear un acuerdo que Europa necesita con urgencia».
Con la decisión de este miércoles, el TJUE deberá examinar tanto la base jurídica del acuerdo de asociación (EMPA, por sus siglas en inglés) como el acuerdo interino comercial (ACI), cuya competencia recae exclusivamente en la Unión Europea. La Eurocámara esperará conocer la posición del Tribunal con sede en Luxemburgo antes de someter a votación en su pleno la aprobación o no del acuerdo, aunque esto no impedirá a los eurodiputados avanzar en los trabajos de análisis.
A pesar de que se suspende el proceso de ratificación del acuerdo, la Comisión Europea aún puede continuar con la aplicación provisional de la parte comercial. Esta aplicación sería viable una vez que al menos un país del Mercosur complete su proceso interno de adopción según explican fuentes europeas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien viajó a Paraguay el pasado domingo para suscribir el pacto comercial, ha calificado esta firma como un momento «histórico». Después de la votación, lamentó la decisión y anunció que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle.
El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, aseguró en una rueda de prensa que la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE «no está justificada», dado que se han implementado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas citadas por los eurodiputados.
Dudas sobre su encaje legal
Entre los aspectos que la Eurocámara solicitará aclarar al Tribunal de Luxemburgo se incluye el mecanismo de reequilibrio, que permite a los países de Mercosur impugnar la legislación europea que consideren perjudicial para sus exportaciones. Los eurodiputados dudan de que esto colisione con la autonomía reguladora de la Unión Europea y sus Tratados, pudiendo debilitar la fortaleza normativa del bloque.
También se cuestionan los poderes de la Comisión Europea al decidir fragmentar el acuerdo en dos partes: una política y de cooperación y otra comercial, lo cual se considera una estrategia para facilitar su firma, dado que la parte comercial solo requiere ratificación europea, no nacional, para entrar en vigor provisionalmente.
Con esta estrategia, Bruselas pudo eludir el requisito de unanimidad y logró la aprobación de los Veintisiete para firmar el pacto comercial el pasado domingo en Asunción, gracias a un mandato aprobado por mayoría cualificada, a pesar de las objeciones de varios países, entre ellos Francia, Irlanda y Polonia. El Gobierno francés ha celebrado el paso dado por la Eurocámara al considerarlo alineado con sus posiciones.
