Redacción
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha anunciado este viernes que está analizando una posible desviación de fondos públicos en relación con el despliegue de la financiación singular en Cataluña. Además, han confirmado que están evaluando la opción de adoptar medidas penales en caso de que se considere que se ha producido alguna malversación.
«Se está produciendo un gasto, una utilización del dinero público en algo que todavía no tiene una plasmación en una norma», denunció la presidenta de la asociación, Ana de la Herrán, durante la inauguración del XXXV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que se celebra en Salamanca.
De la Herrán ha confirmado que la asociación está consultando a su departamento jurídico acerca de posibles desviaciones de fondos públicos. También criticó que, con la financiación singular, se esté comenzando «la casa por el tejado», ya que aún no se ha logrado plasmar en una ley orgánica las modificaciones necesarias para que esta financiación sea viable.
La presidenta advirtió que «no se está haciendo porque saben perfectamente que no pueden hacerlo, que no cuentan con las mayorías necesarias». A día de hoy, se conoce que se ha creado el Consejo Asesor y el Comisionado, además de haberse impulsado una norma para modificar el régimen jurídico de la agencia, para adaptarlo a la singularidad fiscal.
Problemas con el Fraude y las Devoluciones del IRPF
En este sentido, los inspectores han manifestado su preocupación, reiterando que la «financiación singular de Cataluña no está regulada en la Constitución e incumple principios constitucionales». Según indican, desde el inicio del proceso de aplicación del «Acuerdo de Singularidad Fiscal para Cataluña», no ha habido evidencias de algún efecto positivo del mismo, resaltando que este régimen únicamente obedece a presiones políticas de los independentistas catalanes para apoyar el nombramiento del presidente de la Generalitat.
El colectivo de inspectores advierte que se está modificando el sistema de financiación de las comunidades autónomas «por la puerta de atrás», ya que la normativa que fundamenta dicho régimen no ha cambiado. Según la asociación, esta alteración del régimen jurídico podría llevar a situaciones de vulneración del principio de igualdad.
De acuerdo con su informe, una de las principales consecuencias de esta fragmentación es que se generarían múltiples problemas en la lucha contra el fraude fiscal, incluyendo en los planes de control sobre las tramas de IVA y el fraude organizado. También señalaron que podría haber deslocalización de empresas si se fragmentara la gestión de los impuestos sobre el consumo, así como complicaciones en el control de grandes multinacionales y patrimonios.
Además, todas las actuaciones de la agencia en temas no tributarios dentro de Cataluña se verían afectadas y eso podría provocar un deterioro en los servicios prestados, particularmente en la gestión de devoluciones del IRPF.
«El sistema tributario y la Agencia Tributaria están en esa situación en la que se están poniendo cargas de dinamita en todos los pilares», alertó el portavoz de la asociación, José María Peláez, durante la rueda de prensa.
Por último, los inspectores han expresado la preocupación e inquietud que sienten los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña. «Son personas que han ganado su puesto en una oposición y deberían tener tranquilidad, pero están apareciendo problemas innecesarios por el capricho de unos pocos», concluyó Ana de la Herrán.
