Redacción
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha emitido una dura crítica al acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno central de España y la Generalitat de Cataluña, calificando su aplicación como «imposible». Este pacto, según los inspectores, podría poner en peligro la estabilidad del sistema tributario español y abrir la puerta a una posible «desaparición» del Estado si otros gobiernos regionales deciden seguir el mismo camino.
Durante un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid, el portavoz de la IHE, José María Peláez, advirtió que el acuerdo no solo afectaría a la gestión tributaria, sino que también podría fragmentar la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) al permitir que las competencias se distribuyan entre las distintas comunidades autónomas. «Esto no tiene vuelta atrás», dijo Peláez, mientras que la presidenta de la IHE, Ana de la Herrán, acusó al Gobierno de «privilegiar» a Cataluña y de llevar al sistema tributario a una situación «insostenible».
La IHE subrayó que la denominada «financiación singular» no solo implica un trato preferencial para Cataluña, sino que también podría romper principios fundamentales de la Hacienda española, como la existencia de una única base de información y una gestión integrada de las retenciones. Según la IHE, este fraccionamiento significaría que los contribuyentes podrían ver afectados los servicios que actualmente les proporciona la AEAT, con un impacto notable en sus ingresos para financiar servicios públicos en otras comunidades.
Uno de los puntos críticos del informe es la gestión del 100% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que, tal como está previsto para 2026, resultaría «imposible». La razón es que no se podría conciliar información entre una base de datos nacional y otra catalana, lo que haría que la rapidez y eficiencia en la devolución de impuestos se viesen gravemente afectadas. La IHE explicó que «resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales» si la información se divide entre dos bases de datos distintas.
El informe también abordó las carencias de la Agencia Tributaria de Cataluña, que no cuenta con los recursos humanos, materiales ni tecnológicos necesarios para gestionar este impuesto de forma efectiva a partir de su implementación. Esto pone de relieve una preocupación fundamental: los «perjuicios» en la lucha contra el fraude fiscal, dado que la fragmentación de la información dificultaría la vigilancia y el control en esta área crítica.
Por otro lado, estadísticas del año 2022 indican que Cataluña representa el 19,35% de los impuestos nacionales, lo que se traduce en más de 49.434 millones de euros recaudados del total nacional de 255.463 millones de euros. De este modo, la IHE enfatizó que el acuerdo podría socavar la capacidad del Estado para sostener la lucha contra el fraude fiscal, además de debilitar la eficacia de los controles sobre operaciones complejas como las relacionadas con criptomonedas.
En resumen, el acuerdo de financiación singular con Cataluña no solo enfrenta la crítica de los inspectores de Hacienda, sino que también abre un amplio debate sobre la centralidad de la administración tributaria en una España unida y cómo la fragmentación podría comprometer no solo la recaudación, sino también los estándares de justicia tributaria y la gestión de servicios sociales esenciales.
