Maria Izquierdo
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) – El consejo de administración de Indra se reunirá este jueves con el objetivo de avanzar en el proceso de fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), aunque la cita estará marcada por las dudas en torno a la operación por parte del Gobierno, que no quiere perder el control de la principal empresa nacional de defensa, y también por la batalla judicial abierta por Santa Bárbara Sistemas, filial en España de la estadounidense General Dynamics.
La idea de Indra es seguir con el proceso de fusión por absorción de EM&E, una operación que presenta diversos conflictos de interés debido a que los propietarios de la compañía son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, presidente de EM&E y consejero dominical de Indra en representación del 14,3% que EM&E tiene de Indra.
De hecho, EM&E es el segundo mayor accionista de Indra después del Gobierno, que posee un 28% de la compañía a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
A pesar de que el Gobierno era el principal valedor e impulsor de la operación, han surgido dudas acerca de la idoneidad del movimiento, sobre todo en un contexto geopolítico como el actual.
Uno de los principales aspectos de la operación es la valoración final de EM&E, que determinará el tipo de canje de acciones que se efectuaría en una potencial fusión por absorción, y, por ende, el peso que tendrá en el capital de Indra. Diferentes medios, como ‘Expansión’ y ‘El Confidencial’, han señalado que en el consejo de hoy se pondrán sobre la mesa diversas alternativas a la fusión por absorción.
En medio de las inquietudes del Ejecutivo, Amber Capital, el cuarto mayor accionista de Indra con un 7,24% del capital, ha emergido para respaldar la operación, considerando que las partes deben estar alineadas para crear un «campeón nacional» de la defensa.
Batalla judicial con General Dynamics
Más allá de la operación, la reunión del consejo de este jueves también estará marcada por la batalla judicial que ha iniciado Santa Bárbara Sistemas contra la adjudicación de determinados contratos militares por parte del Ministerio de Defensa a Indra y Escribano.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo en el que se solicita la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0%, concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar dos programas de artillería en la estrategia de modernización militar del Gobierno.
Los créditos se conceden para los programas de los obuses de ruedas (1.181 millones de euros) y de cadenas (1.821 millones de euros). Además, Santa Bárbara ha confirmado su intención de iniciar trámites administrativos para interponer un recurso contra la adjudicación de estos contratos, cuyo importe conjunto suma 7.240 millones de euros.
Las diferencias entre Indra y General Dynamics comenzaron el año pasado, cuando Indra intentó adquirir la fábrica de Trubia (Asturias), a lo cual se negaron rotundamente. Santa Bárbara, por su parte, acusa a Indra de espionaje industrial, involucrando a su director jurídico, Ángel de Álvaro, quien trabajó previamente en Santa Bárbara y ha generado mucho malestar dentro de Indra.
