Redacción
MADRID, 22 de octubre de 2025 (EUROPA PRESS) – El Congreso ha aprobado este miércoles una iniciativa del Partido Popular (PP) que solicita al Gobierno la revisión a la baja de «los impuestos que pagan las familias y autónomos». Entre los puntos destacados, se incluye la petición de no aplicar una subida de cuotas para los trabajadores por cuenta propia en el próximo año y la solicitud de exención de IVA para aquellos que facturen menos de 85.000 euros anuales.
Esta propuesta ha logrado el respaldo de otros partidos como Vox, Junts, Coalición Canaria y UPN, mientras que Esquerra Republicana (ERC) y PNV se han abstenido. Por otro lado, los partidos pertenecientes al Gobierno, así como Podemos, BNG y Bildu, han votado en contra.
La Cámara Baja avaló esta iniciativa en respuesta a una interpelación urgente que el PP planteó la semana pasada a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las solicitudes aprobadas se enmarcan dentro de la propuesta del Gobierno que pretende congelar las cuotas para los autónomos con menores ingresos, mientras que se planea una subida en los tramos superiores. Esta iniciativa ha surgido como corolario de una rectificación del Ejecutivo, que inicialmente contemplaba una subida general que incluía a los tramos más bajos.
Medidas adicionales del Congreso
Además de las medidas enfocadas en los autónomos, el Congreso también ha instado al Gobierno a ajustar el IRPF de acuerdo a la inflación y a eximir de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026.
Eliminar gasto político superfluo
Otra de las propuestas que ha recibido luz verde, aunque con la oposición de los partidos en el Gobierno, es la solicitud al Ejecutivo de Pedro Sánchez para eliminar el gasto político superfluo en la administración pública. La Cámara Baja, además, ha requerido una reforma administrativa que reduzca los trámites y las cargas que «dificultan la actividad empresarial», con la intención de simplificar las obligaciones fiscales, agilizar permisos y procedimientos, y garantizar un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento.
Finalmente, el Congreso ha demandado al Gobierno un plan estratégico orientado a mejorar la productividad y competitividad, con el objetivo de facilitar la expansión del tejido empresarial y contribuir a un aumento «progresivo y sostenido» del salario de los trabajadores españoles.
