Maria Izquierdo
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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha criticado fuertemente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por sus recientes declaraciones, las cuales han incluido «insultos, ataques directos y descalificaciones personales». En un diálogo mantenido en Telecinco, Garamendi expresó su descontento y recordó que «es triste ver a una persona al frente del Ministerio que sus razones son, muchas veces, insultos y descalificaciones personales».
En particular, Garamendi se refirió a las acusaciones de Díaz sobre su experiencia laboral, donde ella cuestionó su historial de trabajo de 40 horas semanales. Además, el presidente de CEOE mostró su desdén por haber sido calificado de «machista». «No estoy acostumbrado a que me atacan directamente en lo personal y eso no tiene sentido», afirmó.
Díaz «se inventa normas» cuando el Parlamento le dice ‘no’
Garamendi también abordó la preocupación que siente sobre la manera en que Díaz está «inventando» normas, como el reglamento del registro horario, cuando el Parlamento rechaza sus iniciativas. «El Parlamento es la representatividad del pueblo español. Cuando decide algo y no me gusta, a la tarde digo, voy a tirar yo pa’lante y me invento normas», denunció. Afirmó que este proceder se asemeja a prácticas de regímenes autoritarios y aplicadas antes de la democracia en España.
En cuanto al control horario, el líder empresarial manifestó la necesidad de discutir este tema en el marco del diálogo social, en lugar de implementar medidas unilaterales. «Esas formas huecas, vastas, de todo tipo no son propias de donde deberíamos estar», agregó. Garamendi defendió que la CEOE nunca se ha opuesto a la reducción de la jornada laboral, sino que propone que se realice de manera sectorial y a través del acuerdo con sindicatos.
Otro asunto que Garamendi resaltó fue el absentismo laboral, mencionando que «todos los días faltan un millón y medio de personas a trabajar». Ayrıca, abordó el tema de la carga impositiva, que afecta directamente a las empresas y a los salarios. Indicó que el Estado ha incrementado su participación a costa de los ingresos de las empresas, lo que impacta negativamente en los trabajadores.
En relación a la reforma del despido improcedente, Garamendi fue claro al declarar que «no nos han consultado ni nos van a consultar». Criticó severamente la falta de diálogo con el Ministerio de Trabajo y advirtió que esto genera una inseguridad jurídica crítica, especialmente para las pequeñas empresas.
Finalmente, Garamendi instó a dejar atrás la demagogia y a trabajar de manera estructurada y ordenada, haciendo hincapié en que el estado debería facilitar que las empresas, especialmente las pequeñas, puedan operar con seguridad y viabilidad económica.
