Cifra en tres millones las viviendas necesarias en los próximos 10 años para hacer frente al incremento de hogares.
MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) –
Jorge Galindo (Valencia, 1985), doctor en sociología por la Universidad de Ginebra y director adjunto del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), ha dedicado su carrera a la investigación en políticas públicas en el ámbito urbano y social, así como a analizar las brechas laborales y generacionales en los países del sur de Europa. Ha publicado ‘Tres millones de viviendas’ (Debate, 2025), una obra en la que reivindica la movilización de vivienda y no su acumulación «ociosa».
En una entrevista, Galindo ha reconocido que no tiene una preferencia «fuerte» sobre la acumulación de vivienda y ha asegurado que la concentración de vivienda incluso podría tener «alguna ventaja» si está en manos de personas jurídicas que se dedican profesionalmente al alquiler de largo plazo. En cuanto al mercado de la vivienda en alquiler español, él sostiene que la propiedad no está concentrada. «Tenemos países donde la vivienda de alquiler de largo plazo está más concentrada que en España y no hay un problema como el que existe aquí», ha apuntado.
Galindo cree que, a nivel impositivo, se debe facilitar el acceso a quien va a vivir en la vivienda o va a comprar su primera vivienda y, por el otro lado, penalizar a quien la compra sin movilizarla para alquiler de largo plazo o para vivir en ella, es decir, la tenencia improductiva. «Me importa más el uso (…). Lo que quiero no es penalizar la acumulación de vivienda, es favorecer el acceso de quien no tiene», ha expuesto, abogando por reformas impositivas que persigan ambos objetivos.
Necesidad de Aumentar la Oferta Habitacional
En su obra, Galindo indica que son necesarias tres millones de viviendas en los próximos 10 años para hacer frente al incremento de hogares, dado el actual déficit en la construcción de inmuebles. «Es una aproximación que es inevitablemente grosera desde el punto de vista estadístico, pero que creo que debería servir para marcarnos un objetivo y para cambiar el marco del debate, salirnos del debate de suma cero y pasar al debate de qué hay que hacer viviendas», ha expresado. Estas viviendas deben ser de «todo tipo»: públicas, privadas, de compraventa o de alquiler. «Necesitamos de todo porque la escasez ahora mismo es demasiada», ha advertido.
Construir Más Vivienda para Romper con la Brecha de Clase
Galindo subraya que actualmente no hay una burbuja crediticia. «No hay un río de crédito barato, fácil, accesible, fluyendo hacia las promotoras ni hacia la gente que decide meterse en una hipoteca. Más bien al contrario», ha señalado. Tras la crisis de 2008, se introdujeron nuevas normas a nivel europeo que han cambiado cómo funcionaba el mercado financiero. Esto ha llevado a pensar que, para romper con las brechas generacionales que se convierten en brechas de clase, es crucial «construir y dejar construir». La ausencia de nuevos inmuebles provoca que en algunas ciudades solo puedan acceder a un inmueble quienes hereden.
«Como el mercado de la vivienda es un poco suma cero, la inmensa mayoría de las compraventas que se producen son de segunda mano. Muchas de esas compraventas se producen también vía herencia o donación o al contado sin hipoteca. Por el lado de la venta, se vende lo que ya está y, por el lado de la compra, se compra con recursos que muchas veces vienen de la vivienda», ha explicado. En este sentido, Galindo añade que en España hemos construido riqueza a través de la vivienda, por lo que la escasez actual, combinada con una razón histórica, está creando brechas generacionales que se traducen en brechas de clase.
Acabar con el Silencio Administrativo en el Urbanismo
Por último, Galindo ha criticado a la administración por poner «palos» en sus propias ruedas, alegando que muchos planes para desarrollar vivienda no se llevan a cabo debido al excesivo papeleo requerido. Ve con buenos ojos el silencio administrativo positivo que la reforma de la Ley del Suelo —actualmente bloqueada en el Congreso— pretende incorporar, para que la falta de respuesta administrativa no paralice los proyectos urbanísticos.
Asimismo, considera que es necesario revisar cuántos poderes se otorgan a la paralización y al bloqueo de proyectos concretos por acciones judiciales y políticas determinadas, ya que estos se están quedando «atrapados» y esto afecta gravemente la capacidad de construir vivienda.
