Maria Izquierdo
España deberá invertir un total de 39.350 millones de euros hasta 2030 para renovar el parque residencial y terciario y, de esta manera, cumplir con la directiva europea de Eficiencia Energética (EPBD), que mandata a los países miembros a llegar a 2050 con cero emisiones en el parque de vivienda, ya que los edificios representan el 40% de las emisiones contaminantes en todo el mundo.
La directiva europea, que España se encuentra ya transponiendo, pide un nuevo marco regulador que fija unos objetivos de reducción de consumo energético: en 2030, recortar un 16% el consumo; en 2035, que la reducción sea del 20%; y en 2050 llegar a las cero emisiones en el parque residencial.
Según han indicado fuentes del Ministerio de Vivienda, el porcentaje de reducción de consumo será «global» en el parque residencial y no se aplicará exclusivamente a las viviendas que peor se comportan. Sin embargo, la directiva europea también indica que para el parque terciario (edificios no residenciales), en 2030 el 16% de los edificios que peor se comportaron respecto a 2020 deberán ser renovados energéticamente. En 2033, la renovación será del 26%, y para 2050 se debe alcanzar cero emisiones.
Financiación pública y privada
De la inversión total de 39.350 millones de euros, el 29% provendrá del Estado, es decir, unos 11.300 millones de euros de dinero público que el Gobierno aportará a través de distintas políticas. Estas incluyen el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que destinará el 30% de sus fondos a la rehabilitación (unos 2.000 millones), y el Plan Social para el Clima, el cual tiene asignados aproximadamente 3.000 millones.
El resto de la cuantía hasta alcanzar los 11.300 millones provendrá de diferentes partidas o planes ya existentes orientados a estas políticas de rehabilitación y eficiencia energética en el parque residencial. Este plan también permitirá una serie de beneficios para la ciudadanía y el planeta, como la reducción de la pobreza energética, la mejora de la salud por una menor contaminación, la reducción de la factura energética y la creación de aproximadamente 500.000 empleos directos e indirectos entre 2023-2030.
España lanza un compromiso energético
Según datos del Ministerio de Vivienda, España está casi cumpliendo el objetivo de Europa de reducción de consumo energético residencial para 2030. En 2023, España había reducido un 10% su consumo energético residencial, un porcentaje cercano al objetivo europeo de recorte del 16%. Se espera que para 2030 esta reducción alcance el 25%, superando así lo marcado por Europa, mientras que en 2035 se estima que la reducción sea del 33% en comparación con el 20% que propone Europa.
Además, en 2020 el dato de consumo medio del parque era de 51,2 kilovatios hora por metro cuadrado al año, y el objetivo para 2050 es de 22 kilovatios hora por metro cuadrado al año.
Rehabilitación del parque de viviendas
Aunque la directiva de eficiencia energética no pide a los estados miembros datos de viviendas rehabilitadas, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) exige ahorros energéticos equivalentes a 1,3 millones de rehabilitaciones profundas entre 2020 y 2030, unas 137.000 por año. Sin embargo, se proyecta que España logrará un total de 1,5 millones de rehabilitaciones profundas durante ese mismo período, superando lo que requiere el Pniec.
Esto se debe a que, según proyecciones del Ministerio basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística, se rehabilitaron una media de 540.000 viviendas al año, de las cuales 315.000 fueron rehabilitaciones profundas y 508.500 rehabilitaciones medias y ligeras.
Siete políticas y 57 medidas clave
El borrador del Plan Nacional de Renovación de Edificios se estructura en siete políticas, 57 medidas y más de 200 actuaciones para lograr el objetivo de emisiones ‘cero’ en el parque de edificios. Entre los ejes centrales están la rehabilitación energética de edificios, la regeneración urbana, la lucha contra la pobreza energética, la innovación y la circularidad.
El Ministerio de Vivienda tiene como plazo enviar el borrador del Plan a más tardar el 31 de diciembre de este año a la Comisión Europea, que tendrá seis meses para realizar correcciones y remitir un nuevo documento sobre el cual España deberá trabajar para elaborar el documento final.
Así, el plan deberá ser aprobado en Consejo de Ministros a más tardar el 31 de diciembre de 2026, y se someterá a su primera revisión en 2030 para comprobar si se cumplen con los objetivos propuestos.
