Endesa Reitera su Reclamación Patrimonial Contra el Gobierno por la ‘Tasa Enresa’

MADRID, 8 de julio (EUROPA PRESS) – Endesa ha presentado una reclamación patrimonial por valor de 454 millones de euros contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como contra la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa). Esta reclamación se debe al incremento de la conocida como ‘tasa Enresa’, que financia la gestión de residuos radiactivos y el desmantelamiento de centrales nucleares.

Incremento de la Tasa

Un año atrás, el Gobierno aprobó un incremento del 30% en esta tasa, solicitada por las centrales nucleares para ajustarse a los costos previstos en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR). Desde el Ministerio, fuentes informaron que la defensa de la reclamación por parte de Endesa está siendo gestionada por la Abogacía del Estado.

Según un reporte de ‘El País’, la presentación de esta reclamación por parte de Endesa llevará a la elaboración de un informe por parte del Consejo de Estado. En caso de que este informe sea negativo, lo que es habitual en la mayoría de situaciones, la eléctrica podría optar por acciones legales.

La ‘tasa Enresa’ es una prestación patrimonial no tributaria mediante la cual las empresas titulares contribuyen a un fondo con el que se financia la gestión de residuos y el desmantelamiento de las nucleares. Tras la última revisión, la tasa se estableció en 10,36 euros por megavatio hora (MWh), significando un aumento respecto a los 7,98 euros/MWh que se cobraban anteriormente.

Antecedentes de Reclamaciones

Cabe mencionar que en febrero, Iberdrola ya había interpuesto una demanda contencioso-administrativa contra Enresa, reclamando 324 millones de euros por la subida de esta tasa. Este pleito surge del acuerdo alcanzado en 2019, que limitaba el aumento de la tarifa al 20% respecto al valor que tenía en ese momento, con un techo de 7,98 euros/MWh.

Propuesta de Extensión de la Vida Útil de las Centrales

En un contexto paralelo, Endesa e Iberdrola presentaron al Ministerio una propuesta para extender la vida útil de sus centrales nucleares. No obstante, el Ministerio consideró que la propuesta no cumplía con los criterios establecidos por el Gobierno, que priorizan la seguridad de las personas, la seguridad de suministro y la viabilidad económica sin imponer costos adicionales a los ciudadanos.

La propuesta, que fue firmada solo por Endesa e Iberdrola -no así por Naturgy y EDP España-, sugería mantener la fecha de cierre de 2035, pero contemplaba ajustes en los plazos intermedios. En particular, se solicitaría la ampliación de la central de Almaraz, cuya clausura está programada para 2027 y 2028, hasta 2030. Esto reduciría la ‘tasa Enresa’ al permitir dividir la recaudación entre más años de producción.

Comunidad de Bienes en las Centrales

Sin embargo, en algunas centrales como Almaraz, existe una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los participantes, independientemente de su porcentaje de participación. Iberdrola posee un 52,7% del capital de Almaraz, mientras que Endesa tiene un 36% y Naturgy un 11,3%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Sara Aagesen han mostrado apertura para estudiar una posible extensión de la vida de las nucleares, aunque siempre bajo ciertas condiciones. En declaraciones recientes, Sánchez argumentó que cualquier prórroga debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, ser económicamente viable y no implicar costos para los contribuyentes, asegurando así que los «ultrarricos que presiden esas energéticas» cubran cualquier gasto adicional.

Fiscalidad de las Centrales Nucleares

Un aspecto crítico en la conversación sobre la extensión de las centrales es la carga fiscal que enfrentan. Un informe de EY destaca que España es el único país con impuestos adicionales sobre las centrales nucleares, como el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos, además de ecotasas autonómicas, que suman 9,2 euros por MWh. Este estudio comparó la fiscalidad y los mecanismos de financiación del desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos en varios países europeos con programas nucleares consolidados, revelando que los impuestos adicionales en España no están destinados a sufragar los costos operativos de la nucleación, aumentando así la carga económica de los operadores nacionales, con un total estimado de 27,3 euros/MWh brutos (28,6 euros/MWh netos).

FUENTE