Maria Izquierdo
MADRID, 15 de febrero. (EUROPA PRESS) – El Tribunal Supremo ha vuelto a anular el último cálculo que el Gobierno realizó sobre el rescate de una de las autopistas que quebraron durante la crisis financiera de 2008 y le urge a volver a realizarlo para pagar cuanto antes a las concesionarias por su construcción.
En concreto, una sentencia de la Sala de lo Contencioso fechada el pasado 28 de enero de 2026 anula la última resolución del Gobierno respecto a las autopistas radiales R-3 y R-5 de Madrid, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.
Este era el segundo cálculo que el Gobierno llevó a cabo, y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar sentencias previas del Supremo que anulaban la fórmula inicial por no ajustarse a derecho.
Sin embargo, en esta ocasión, la justicia no se centra en el cálculo económico, sino en la obligación de que el Gobierno presente ya una última resolución y pague todo lo que adeuda a la concesionaria, evitando así que haya una futura resolución que no sea definitiva.
Plan de indemnizaciones a concesionarias
En 2019, el Gobierno aprobó un plan para organizar el proceso de indemnizaciones a todas las concesionarias que quebraron, ya que el Estado se quedó con sus autopistas y le debe la inversión realizada por esas empresas. Este plan establecía que se presentaría una resolución inicial por cada concesión, seguida de una segunda complementaria y otra tercera definitiva, normalmente con un plazo máximo de seis meses entre cada una.
Sin embargo, de las nueve autopistas que quebraron, gestionadas por ocho concesionarias, solo una ha llegado a esa última resolución desde que se aprobó este proceso hace casi siete años. La reciente sentencia busca evitar que el proceso se prolongue aún más.
Historial de concesiones y pagos realizados
La R-3 y la R-5 forman parte de una única concesión adjudicada en 1999 a un consorcio de ACS, OHLA, Sacyr y FCC por un periodo de 50 años; entró en operación en 2004 pero en 2012 entró en concurso de acreedores y fondos como TDA, Bothar y Kommunalkredit se quedaron con la deuda para cobrar las futuras indemnizaciones del Estado.
Hasta la fecha, el rescate de las nueve autopistas ha supuesto un pago por parte del Estado de 1.684 millones de euros, aunque se considera un coste provisional, ya que la mayoría de las autopistas todavía se encuentran en la fase de la segunda resolución.
De esta forma, los pagos realizados son los siguientes: por la R-4 se han pagado 134 millones de euros; por la A-36, 319 millones; por la A-41, 41 millones; por la AP-7 Cartagena-Vera, 278 millones; por la AP-7 Alicante, 307 millones; y por la M-12, 46 millones; mientras que por la R-2 el coste provisional aún es de cero euros.
