El Partido Popular (PP) vuelve a presentar en el Congreso una propuesta que solicita que Renfe restablezca las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en los servicios de AVE, las cuales fueron eliminadas el 1 de julio de 2024, limitando las compensaciones solo a demoras de al menos 60 minutos. Esta es la segunda vez que el PP lleva esta iniciativa, que resalta la reducción de la tasa de puntualidad en veinte puntos durante el último año.
MADRID, 2 de octubre de 2025 – El PP defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa que busca recuperar las indemnizaciones que Renfe otorgaba por retrasos de entre 15 y 30 minutos en los trenes AVE. Esta medida fue una decisión tomada en julio del año pasado, donde Renfe sustituyó dichas indemnizaciones por una política que prevé la devolución del 50% del importe del billete si el retraso es de 60 minutos o más, y del 100% si el retraso supera los 90 minutos.
El histórico del PP revela que en octubre de 2024, logró aprobar una iniciativa similar, respaldada por varios grupos políticos, incluyendo a Vox, UPN, Podemos, ERC y BNG. En esa ocasión, se pedía, además, la destitución del ministro de Transportes, Óscar Puente. Sin embargo, esta vez, el enfoque se limitará exclusivamente a reclamar las indemnizaciones previas.
Denuncia sobre el incremento de retrasos
El PP considera que la modificación de la política de indemnizaciones responde al «único argumento» del Gobierno de ahorrar dinero. Critican que esta estrategia demuestra la preferencia del Ejecutivo por «hacer caja a costa de los usuarios» en lugar de abordar la cuestión de los retrasos y establecer políticas que ayuden a mantener la puntualidad.
Asimismo, denuncian el «deterioro progresivo» de Renfe, indicando que ha pasado de una tasa de puntualidad del 84% en 2022 para los trenes de larga distancia y alta velocidad, a un alarmante 63% en el verano de 2025.
El PP afirma que estos datos evidencian una creciente tendencia hacia más incidencias y retrasos, lo cual agrava el caos ferroviario. En su propuesta, argumentan que restablecer el compromiso de puntualidad previo a julio de 2024 no es solo una cuestión de cuentas, sino una exigencia democrática para devolver a los ciudadanos un derecho que consideran perdido, y a la vez, responsabilizar al Gobierno por su incapacidad de gestión.
