Redacción
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno, que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC). Esta medida busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.
La decisión se tomó tras un debate bronco, marcado por diversas llamadas al orden por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, a senadores socialistas, quienes debían ajustarse al tema de discusión. También se produjeron reproches cruzados entre el PP y el PSOE acerca de las polémicas judiciales del Gobierno y la falta de Presupuestos en comunidades gobernadas por el PP.
En cualquier caso, el PP activó el procedimiento para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional sobre los Presupuestos del año que viene. Así, el Senado adoptó este conflicto como propio y lo remitirá al Gobierno.
El Ejecutivo tiene un mes para responder desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones. Sin embargo, también tiene la posibilidad de no contestar y dar por sustanciado el asunto. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no continúa con ello.
Durante la votación en el Pleno, los ‘populares’ no contaron con el apoyo de otros grupos, aunque sí lograron la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, la Asociación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente.
UNA OBLIGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, que tiene un deber constitucional de presupuestar.
Asimismo, el PP advierte que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento» como consecuencia de la falta de Presupuestos, pues consideran que esto es «contrario al principio de legalidad presupuestaria».
La situación actual, que se va a reproducir en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023, es comparable a lo que ocurrió en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018. Esto se dio cuando el Gobierno, debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, optó por no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año, argumenta el PP.
En este contexto, el partido destaca que actualmente «no existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, salvo el hecho de no haber llegado a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con el peso suficiente para asegurarse la aprobación de los mismos.
Se enfatiza que «los motivos políticos no pueden ser esgrimidos» para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de las obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales, y en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria.
