Maria Izquierdo
MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) – El Partido Popular (PP) ha culpado a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos debido al incremento de la «inseguridad jurídica», por lo que pedirá la próxima semana al Congreso su derogación.
En concreto, la formación defenderá en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Alberto Núñez Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.
En su moción, el grupo parlamentario denuncia que, a raíz de la ley que pactaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu, muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal. «El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras y la clase media están siendo expulsadas de los centros urbanos», remarca el PP.
Ponen de ejemplo a Cataluña
Como ejemplo de las perjudiciales consecuencias de esta norma, el PP expone el caso de Cataluña, que fue la primera Comunidad Autónoma en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler. Según datos de Idealista, mencionados por el PP, los precios en la región han subido un 8,7% en el último año, y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. Además, en Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.
Por estos motivos, la formación pide derogar una ley que consideran «intervencionista» y que está provocando «inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquietud».
Lucha contra la ‘okupación’
El PP también aprovecha su iniciativa para denunciar el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal». Según datos del Instituto de Estudios Económicos, compartidos por el Partido Popular, hoy hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y un 30% de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden prolongarse hasta 18 meses.
Con este panorama, el PP exige acabar con la ocupación ilegal y garantizar que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas. Además, el Grupo Popular incluye otros dos puntos en su moción para solicitar medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes, y para crear la figura del «Proyecto Residencial Estratégico», con el objetivo de unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reducir los plazos de construcción de diez a cuatro años, y destinar la mitad de las viviendas que se construyan bajo esta figura a vivienda asequible.
