Maria Izquierdo
El Gobierno de España ha confirmado que este martes 27 de enero se tratará en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante un real decreto, resultado de un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Según informan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta iniciativa busca otorgar derechos y seguridad jurídica a una realidad social ya existente en el país.
Detalles de la regularización extraordinaria
La regularización se dirigirá a extranjeros que ya residen en España y no requerirá la convalidación del Congreso, ya que será llevada a cabo por decreto. Esta medida se fundamenta en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, respaldada por más de 700.000 firmas, fue votada a favor en 2024 por todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, aunque el asunto aún permanece estancado en la Cámara Baja.
La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha revelado el contenido del acuerdo durante un evento en Madrid enfocado en la regularización de este colectivo. Montero destacó que la medida beneficiará a quienes hayan estado residiendo en España desde antes del 31 de diciembre de 2025.
Requisitos para los beneficiarios
Los beneficiarios de esta regularización deberán demostrar un mínimo de cinco meses de estancia en el país. Para ello, deberán presentar documentos como el empadronamiento, informes médicos o comprobantes de envíos de dinero. Con la presentación de la solicitud, se les otorgará una autorización provisional de residencia.
Asimismo, Montero enfatizó que Podemos velará por un proceso «ágil y eficaz» y que será fundamental garantizar los derechos de estas personas, abordando además la cuestión de la «violencia racista» que sufren algunos de los migrantes.
Contexto social y político
La regularización extraordinaria responde a una situación preocupante en la que muchos migrantes viven en la incertidumbre y sin derechos básicos en España. Esta medida busca no solo legalizar su situación, sino también integrar a estos colectivos dentro del tejido social y económico del país, tomando en cuenta la diversidad y los retos que enfrenta la sociedad española en términos de migración.
Con esta decisión, el Gobierno intenta también atender a las demandas sociales expresadas a través de la ILP y responder a la creciente presión por parte de grupos y asociaciones que abogan por los derechos de los migrantes.
