Maria Izquierdo
El Gobierno de España ha planteado un nuevo modelo de oposición con el objetivo de modernizar el acceso a la función pública. Este modelo, dirigido a aspirantes de los Grupos A1 y A2, incluye un programa de formación de dos años que culminará en un examen para obtener una plaza en la Administración Pública.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, y el ministro de la cartera, Óscar López, presentaron el ‘Consenso para una Administración Abierta’, un documento que busca transformar digitalmente la Administración del Estado. Este plan responde a la necesidad de adaptar los perfiles de ingreso a las profesiones que han surgido en el ámbito público.
Los aspirantes deberán superar un examen tras completar su formación, que será impartida por institutos y escuelas especializadas. Dichas formaciones se estructurarán en un sistema de créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), que varían según el grupo: 120 ECTS para A1, 90 para A2, 60 para el grupo B, 30 para C1 y 10 para C2.
Como parte de esta reforma, se convocarán más plazas de las necesarias para las oposiciones A1 y A2. Aquellos que no logren aprobar el examen recibirán un título por los estudios que hayan realizado, que tendrá reconocimiento oficial. Este nuevo enfoque se aplicará únicamente a las oposiciones de los Grupos A1 y A2; para los grupos C1 y C2, la formación se llevará a cabo una vez obtenida la plaza.
Este modelo tiene como finalidad garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la función pública y busca superar el antiguo sistema, que dependía de la tasa de reposición. Según Mapelli, la tasa de reposición se ha superado «con creces», liberando a la Administración de restricciones planificadoras. Además, se pretende enlazar este nuevo sistema con el de becas del Ministerio de Educación para asegurar un riguroso proceso formativo.
Durante la presentación, el ministro Óscar López destacó que este ‘Consenso para una Administración Abierta’ representa «la mayor evolución de la Administración desde Internet». La modernización de la Administración implicará un desembolso de 43 millones de euros, provenientes de las aplicaciones presupuestarias del Ministerio de Función Pública.
Uno de los objetivos del Gobierno es el desarrollo de una plataforma soberana de inteligencia artificial (IA), con un costo de 14 millones de euros, que pretende simplificar trámites y anticipar las necesidades de ciudadanos y empresas. Además, se buscan establecer oficinas «todo en uno», donde los ciudadanos puedan realizar múltiples gestiones administrativas en un solo lugar, facilitando el acceso a servicios como el empadronamiento.
El proyecto también representa una respuesta sólida a la Comisión Europea, que instó a los países miembros a mejorar su espacio administrativo. El Gobierno ha estructurado su propuesta en tres planos: organizativo, con la creación del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; estratégico, con la publicación del ‘Consenso para una Administración Abierta’; y normativo, a través del desarrollo de la ley de transformación del Estado.
Finalmente, López enfatizó que esta estrategia requiere la colaboración de las comunidades autónomas para asegurar su éxito, destacando que ha sido elaborada con más de 400 aportaciones durante su periodo de consulta pública y que se someterá a evaluaciones expost, incluyendo un informe que se solicitará a la OCDE en 2027.
