Maria Izquierdo
El Ministerio de Función Pública ha ofrecido este miércoles a los sindicatos CCOO, UGT y CSIF una subida salarial fija del 10% para los empleados públicos durante el periodo 2025-2028. Según fuentes sindicales, este incremento se distribuiría en cuatro años, limitando el aumento a un máximo del 4% en los ejercicios de 2025 y 2026, para no exceder el techo de gasto.
El resto del porcentaje, un 6%, tendría que aplicarse en los años 2027 y 2028. Sin embargo, se ha propuesto que el aumento sea superior en 2027, debido a la evolución esperada de los precios. Esta oferta fue presentada por la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, en una reunión llevada a cabo para avanzar en un nuevo marco plurianual de relaciones laborales y salariales para más de tres millones de empleados públicos.
A pesar de esta propuesta, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han manifestado su desacuerdo, considerándolo insuficiente. Ambos sindicatos han sido convocados a una nueva reunión por el Ministerio de Función Pública este jueves, 20 de noviembre, a mediodía, en respuesta a su oposición.
Según CSIF, la primera oferta del Gobierno «no cubriría» el aumento de los precios, considerando que hasta octubre de este año la inflación interanual se situaba en el 3,1%. En palabras del sindicato, «los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos y por tanto no lo podemos aceptar». Además, desde CSIF han calculado que, desde 2022, los salarios se han devaluado un 8% y desde 2010, prácticamente un 20% como resultado de las políticas de recortes.
CCOO califica la oferta de ‘insulto’ y amenaza con huelga
CCOO ha considerado «totalmente inaceptable» la oferta del Ejecutivo, afirmando que lo que propone es un «insulto» para los empleados públicos. El sindicato ha declarado que solo aceptará una oferta que implique la recuperación del poder adquisitivo, y están dispuestos a reevaluar la convocatoria de una huelga general en diciembre si no se recibe una propuesta económica justa.
El sindicato también ha hecho hincapié en que, a pesar de que el Gobierno se desenvuelve en un contexto de crecimiento económico, con previsiones elevadas para este año (de un 2,7% a un 2,9%), sigue aplicando políticas de contención salarial perjudiciales para sus empleados, olvidando que los sueldos de la administración pública en España se mantienen por debajo de la media de la Unión Europea.
UGT advierte sobre la pérdida de poder adquisitivo
La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha expresado que el porcentaje ofrecido complica las negociaciones y ha dejado claro que para el sindicato es fundamental que el acuerdo plurianual garantice el poder adquisitivo. «No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero», ha apuntado.
UGT ha afirmado que se realizarán los cálculos pertinentes para evaluar la nueva propuesta que el Gobierno presente en la mesa de negociación. Araque ha mantenido una posición cautelosa respecto a movilizaciones futuras, precisando que ninguna opción ha sido descartada hasta el momento.
Es relevante recordar que el último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos, vigente entre 2022 y 2024, contemplaba incrementos salariales que alcanzaron en torno al 10%, lo que supuso un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.
El compromiso del Ministerio de Función Pública
Desde la cartera que dirige Óscar López, se ha indicado que se estudiarán las propuestas planteadas por los sindicatos. El Ministerio defiende que el acuerdo marco que se está negociando busca mejorar la calidad de los servicios públicos y la relación entre la ciudadanía y la Administración.
En reuniones anteriores, se han abordado varios temas relacionados con el empleo público, como la agilización de procesos selectivos, la promoción interna, y la garantía de condiciones laborales dignas, seguras y saludables.
