El Gobierno español ha decidido lanzar un nuevo contrato para la renovación de un tercio del equipamiento de la RedIRIS, una infraestructura crítica que actualmente opera con dispositivos de la compañía china Huawei. Esta decisión se produce tras la cancelación de una licitación previamente adjudicada a Telefónica para el suministro de equipos de Huawei.
MADRID, 29 de agosto de 2025. Según fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ejecutivo ha optado por esta nueva licitación como parte de un «cambio de estrategia» respecto a la RedIRIS, que es una red de fibra óptica de alta capacidad que ofrece servicios a aproximadamente 500 centros académicos y científicos, incluyendo al Ministerio de Defensa, y cuenta con alrededor de 5 millones de usuarios finales.
La anterior licitación, que se anunció el 24 de julio y a la que se propuso a Telefónica como adjudicataria el 25 de agosto, tenía como objetivo aumentar la capacidad de transmisión de la RedIRIS hasta 400 gigabits por segundo (Gbps), en comparación con los 100 Gbps actuales. Sin embargo, el Gobierno ha decidido cancelar este contrato, cuyo valor se estimaba en alrededor de 10 millones de euros, argumentando motivos de «estrategia digital y autonomía estratégica».
Las autoridades aseguran que se elaborará y publicará un nuevo contrato para la renovación del equipamiento de un tercio de la RedIRIS, dado que el material actual está llegando al final de su ciclo de vida útil. Hasta ahora, no está claro si en los pliegos técnicos de esta nueva licitación se exigirá que los dispositivos sean de Huawei.
RIESGO PARA LA SEGURIDAD
Esta situación no es ajena a un contexto más amplio en el cual, en 2023, la Unión Europea alertó sobre los serios riesgos de seguridad nacional que representan proveedores como Huawei y ZTE. Estados Unidos, por su parte, ha impuesto restricciones comerciales a Huawei por las mismas preocupaciones.
En los últimos meses, ha surgido controversia respecto a la contratación de Huawei como proveedor del Gobierno en temas que afectan la seguridad del país, como la utilización de equipos para el almacenamiento de escuchas policiales. La implicación de Huawei en estas áreas ha generado reacciones en Estados Unidos, donde se han solicitado revisiones a los acuerdos de cooperación entre ambos países en este ámbito.
Desde China, se ha instado a Estados Unidos a no interferir en estos asuntos, argumentando que los productos de Huawei cumplen con las normativas y regulaciones españolas, que aún no han establecido una lista de proveedores de riesgo.
