Maria Izquierdo
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Esta medida es relevante ya que actualmente no se han aprobado nuevas cuentas públicas para 2024 y 2025.
La decisión cumple con el artículo 134 de la Constitución Española, que establece que si no se cuenta con una nueva Ley de Presupuestos al iniciar el año, las cuentas públicas del ejercicio anterior se considerarán automáticamente prorrogadas. Así, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 se prorrogarán por tercera vez el próximo 1 de enero, a la expectativa de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente y apruebe un nuevo proyecto presupuestario para 2026 en las Cortes Generales.
Esta será la undécima prórroga presupuestaria en la democracia española, un fenómeno que ha ocurrido en varias ocasiones con presupuestos de años anteriores, incluyendo los de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, y en dos ocasiones los de 2018.
Dado el fragmentado arco parlamentario, especialmente tras la reciente ruptura anunciada por Junts, el Ejecutivo deberá esforzarse en conseguir los apoyos necesarios para que sean aprobadas nuevas cuentas públicas en España. Mientras tanto, el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, para el presupuesto de 2026 se ha fijado en un récord de 216.177 millones de euros. Esto incluye también la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, a pesar del rechazo del Congreso.
Con respecto al déficit, se ha previsto que baje desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027, y al 1,6% en 2028. En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha establecido un objetivo del 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha declarado que los Presupuestos para 2026 serán «expansivos y responsables», y ha enfatizado que ya se está trabajando para que sean considerados como una «necesidad» por la mayoría de los grupos políticos, trasladando así la importancia de estas cuentas a los hogares españoles.
Reorientar el Plan de Recuperación
De cara al próximo año, los criterios de aplicación de la prórroga de los PGE también contemplan cambios recientes en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo despliegue terminará a finales de 2026. El 16 de septiembre de 2025, se aprobó la ‘adenda dana’ con el objetivo de responder a los graves daños causados por la catástrofe natural sufrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta adenda incorpora un nuevo Componente 32 destinado a ‘Apoyo a la Recuperación y la Resiliencia en respuesta a desastres naturales’, buscando fortalecer la capacidad del país para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y otras crisis que afectan a la economía española. Gracias a esta medida, se reorientarán las actuaciones del PRTR hacia nuevas inversiones, utilizando partidas ya cumplidas o ajustes derivados de la evolución del plan desde su aprobación en 2021.
Asimismo, el 9 de diciembre de 2025, se aprobó una nueva adenda de simplificación del Plan de Recuperación, con el fin de hacer más ágiles los procesos de verificación y ejecución, reducir cargas burocráticas, reforzar prioridades estratégicas y optimizar el uso de recursos antes de la finalización del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia el próximo año.
Para maximizar la absorción de los Fondos ‘Next Generation’, se ha establecido que, de manera transitoria hasta la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, se requiere que los departamentos ministeriales adapten los créditos que tengan prorrogados a las necesidades asociadas al cumplimiento del Plan de Recuperación durante 2026.
