El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley orgánica para la condonación parcial de deuda a las comunidades autónomas, que supondrá que el Estado asuma un total de 83.252 millones de euros. Esta medida, según el Gobierno, no implicará «ningún agravio con ninguna parte del territorio» ni tampoco «un beneficio» a Cataluña.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado: «Queda demostrado que es falso que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España.» Ha explicado que la medida permitirá beneficiar a todas las comunidades autónomas, incluso a aquellas que no tienen deudas con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Montero ha estimado que las comunidades autónomas (CCAA) se ahorrarán entre 6.600 y 6.700 millones de euros en intereses, que podrán destinar a reforzar políticas sociales como sanidad, educación o dependencia. Además, ha indicado que el 75% de los 83.252 millones que el Estado está dispuesto a absorber, es decir, unos 60.000 millones, corresponde a la deuda de las CCAA gobernadas por el Partido Popular (PP).
Condonación repartida de manera equitativa
La ministra ha explicado que esa cantidad, calculada con el criterio de población ajustada, implica una condonación media del 19% del total de la deuda autonómica. «Dicho de otra manera: con esa aproximación, el Estado se queda casi con el 20% del conjunto de la deuda del subsector comunidades autónomas con una situación asimétrica, dependiendo de la situación de partida de cada territorio», agregó.
Montero, quien remarcó que la propuesta es «voluntaria» para los gobiernos regionales, insistió en que es «falso» que la condonación beneficie a Cataluña y perjudique al resto de España. «De los 83.252 millones, casi 60.000 corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Es decir, siete de cada diez euros que se condonan benefician a territorios gobernados por el PP», dijo.
La Comunidad Valenciana y el impacto de la condonación
Para justificar esta afirmación, Montero indicó que la comunidad autónoma con mayor condonación en cifra absoluta es Andalucía, con 18.791 millones de euros, mientras que la región con mayor quita por habitante es la Comunitat Valenciana, con 2.284 euros. Además, la región con mayor porcentaje de deuda condonada es Canarias, con un 50% del total.
Montero planteó: «Es decir, tres territorios donde gobierna el PP, ya sea en presidencia o en cogobierno con otras fuerzas políticas. ¿Dónde está el agravio? ¿Dónde está el perjuicio?»
En relación a la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta no encontró motivos para que esta región, que «no puede salir a los mercados» por su situación financiera actual, «siga atrapada en esa situación» por el hecho de que su presidente autonómico, Carlos Mazón, «vaya al dictado» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Acogida por parte del PP y plazos de implementación
A pesar del rechazo del PP a la quita, Montero vaticinó que las comunidades gobernadas por los ‘populares’ se terminarán acogiendo a esta medida. «Por mucho que digan en el relato, de cara a la galería, al final terminarán firmando, porque saben que es bueno para el conjunto del territorio», subrayó.
La ministra también señaló que el objetivo del Gobierno es que las comunidades «recuperen» la autonomía financiera y política «para volver a salir a los mercados». Recordó que el FLA se ha convertido en una anomalía, y añadió que «después de 15 años, es difícil que las comunidades autónomas salgan a los mercados a endeudarse».
Con respecto a los plazos, Montero mencionó que el anteproyecto se enviará a un período de audiencia pública para recibir aportaciones de las CCAA y tiene la intención de mandar la norma al Congreso «antes de que acabe el año» y aprobarla «definitivamente» a lo largo del primer trimestre de 2026.
Metodología del reparto y equidad en la condonación
La metodología para estimar este reparto consta de tres fases. La primera calcula el diferencial entre el endeudamiento que registraron las CCAA durante el cierre de 2009 y el de 2013, comparándolo con el registrado entre el cierre de 2019 y el de 2023. Esta fase arroja una condonación media del 19% de la deuda autonómica total, vigente al cierre de 2023.
En la segunda fase se establece una condonación adicional para todas las CCAA que se sitúan por debajo de la media del 19,3% de la deuda condonada sobre el total. Montero explicó que «intentamos corregir ese sentimiento de agravio que pueden tener las comunidades autónomas cuando se comparan con lo que ocurre con el resto de los territorios».
Finalmente, en la última fase, se realizan ajustes para mayor equidad, identificando a la comunidad que registra una mayor condonación por habitante ajustado, que en este caso es la Comunidad Valenciana. Se incrementa la condonación de la deuda hasta alcanzar este importe para aquellas CCAA que hayan registrado una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media entre 2010 y 2022.
La vicepresidenta concluyó dando la «bienvenida a todas las sugerencias» de los grupos, siempre que no atenten contra la autonomía política ni financiera de las comunidades. Con todo, aún existen inquietudes sobre cómo el reparto y condiciones de acogida serán recibidos por el panorama político y las regiones que no están en el régimen común, que han solicitado ser compensadas de forma similar por sus sistemas forales.
