Maria Izquierdo
MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) – El Pleno del Congreso votará el jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, los cuales abordan las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.
Como es habitual con los decretos leyes, estos textos están en vigor desde su aprobación en el Consejo de Ministros, pero deben ser sometidos al Congreso para acordar su derogación o convalidación definitiva en un plazo de treinta días.
El decreto de ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios incluye ayudas que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, dependiendo de la categoría de daños sufridos. Por su parte, el decreto que establece un tope a los precios tiene como objetivo limitar, por ejemplo, los precios de productos y servicios en situaciones como las de los accidentes ferroviarios del pasado enero o durante los temporales en Andalucía.
De este modo, el Gobierno tendrá la potestad de establecer un límite en el precio de un servicio o producto cuando declare una situación de emergencia, fijando que el precio no podrá exceder el costo máximo que tuvo en los treinta días naturales anteriores al inicio de dicha situación.
SE DESGAJAN PENSIONES Y ESCUDO SOCIAL
Por otro lado, el Parlamento decidirá qué hará con los decretos para prorrogar la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la revalorización de las pensiones, medidas que en ocasiones pasadas ya fueron sometidas a votación en un mismo texto legislativo que fue rechazado por los votos de PP, Vox, Junts y UPN.
Los grupos que votaron en contra de dicho texto esgrimieron, entre otros argumentos, que apoyaban la revalorización de las pensiones, pero no la moratoria antidesahucios ni la prohibición de cortes de suministros básicos a personas vulnerables. Por esta razón, el Gobierno decidió dividir el decreto en dos textos separados.
Además, el Ejecutivo introdujo una modificación a petición del PNV en el decreto del escudo social, para que la prohibición de desahuciar no afecte a los propietarios que solo tienen una vivienda en alquiler. A pesar de esta modificación, PP, Vox y Junts han manifestado que siguen oponiéndose al decreto.
