Maria Izquierdo
El Congreso comenzará a debatir este martes la reforma legal que Junts asegura haber pactado con el Gobierno para obligar a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, independientemente de su ubicación.
Este martes, 23 de septiembre, se ha convocado la ponencia encargada de analizar esta norma, que está formada por los distintos grupos parlamentarios. La reunión se llevará a cabo a puerta cerrada para organizar las enmiendas registradas y comenzar a incluir algunas al texto. Esta ponencia de la Comisión de Derechos Sociales se reunirá justo una semana después de que se desconvocara una primera sesión, tras el anuncio de Junts, que ha generado la indignación del mundo empresarial, así como del PP y Vox.
Consumo Dice que la Intención No es Esa
Tras el anuncio de Junts, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, aclaró que esta medida sigue en negociaciones. La intención del Gobierno es que las empresas garanticen la atención de reclamaciones en catalán, gallego o euskera donde estas lenguas tengan oficialidad, aunque la empresa ofrezca sus servicios en el conjunto del Estado. Bustinduy añadió que la medida afectará solo a grandes empresas y no a pequeños comercios como una ferretería.
La ponencia se reunirá para comenzar a estudiar las 234 enmiendas registradas, y no se descarta convocar otra sesión antes de elevar el proyecto a la Comisión de Consumo y Derechos Sociales.
Entre esas enmiendas hay varias de Junts, y una en concreto modifica la exposición de motivos para dejar claro que las empresas deberán responder a consultas, quejas y reclamaciones «en la misma lengua en la que se realizaron».
Junts sostiene que esta medida afectará a empresas eléctricas, de suministro de gas y agua, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, de autobuses, servicios postales, plataformas audiovisuales, servicios financieros y aseguradoras.
Las enmiendas establecen también la formación obligatoria en catalán para quienes se dediquen al servicio de atención al cliente en las empresas implicadas, y ya no será obligatorio responder «como mínimo» en castellano; se hará en la lengua en que el cliente se dirigió a la empresa. Las comunicaciones escritas entre la empresa y el cliente también deberán adaptarse a la lengua solicitada por el cliente.
La redacción original del proyecto de ley contemplaba que se respondiera a las consultas en la misma lengua en la que «se realizó el contrato o la oferta comercial» y «al menos, en castellano a solicitud de la persona consumidora o usuaria».
Con este proyecto, también se busca garantizar que los clientes sean atendidos por personas y no por máquinas si así lo desean, y que no tengan que esperar más de 3 minutos para ser atendidos al hacer una reclamación.
Prohibido el Spam
La nueva legislación también prohibirá las llamadas spam utilizando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas. Todos los contratos cerrados en llamadas telefónicas no consentidas se declararán nulos, y se obligará a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.
Además, las empresas deberán comunicar con 15 días de antelación la fecha en que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción contratada de forma online, así como facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.
Otra novedad es que la ley pondrá coto a las reseñas falsas publicadas online, dando a la empresa que recibe la reseña la posibilidad de réplica y de solicitar su eliminación si puede demostrar que no es veraz.
También se abordarán los precios engañosos de entradas o billetes en venta online, obligando a que los gastos de gestión se incluyan en el precio que se ofrece desde el principio.
Finalmente, la ponencia decidirá el contenido definitivo del texto y lo enviará a comisión, donde también se reunirán los grupos parlamentarios, pero ya en sesión pública. Una vez aprobado, el texto se elevará al Pleno y se enviará al Senado, donde continuará el mismo proceso de tramitación (ponencia, comisión, pleno).
