Maria Izquierdo
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha instado al PSOE a prorrogar la congelación de los contratos de alquiler y a negociar la propuesta en materia de vivienda presentada por Sumar. En declaraciones a la prensa, antes de participar en la conmemoración del 40º Aniversario de las Escuelas Taller-Programa TándEM, Díaz advirtió que la vivienda es el principal problema de desigualdad en España.
«Hoy el principal problema del país se llama vivienda. Es la gran fábrica de desigualdad. Desde Sumar hemos presentado un Real Decreto-Ley y estamos negociando con el PSOE, e instamos al Partido Socialista a que desbloquee esta norma», afirmó la ministra.
Para Díaz, la vivienda debe ser la materia central de esta legislatura, ya que es el problema «por excelencia» de los jóvenes. Aseguró que la revalorización del precio del alquiler en España no se está realizando al 2%, sino que en muchos barrios, no solo en Madrid y Barcelona, se observa un aumento de hasta el 50% en las rentas.
Además, destacó que aunque el salario mínimo interprofesional (SMI) se incrementará de cara a 2026, esto no soluciona el problema, dado que en muchas ciudades las rentas de alquiler ya superan los 1.000 euros al mes. «Por lo tanto, instamos al Partido Socialista a la negociación de ese real decreto. Estamos seguras de que tendrá la mayoría parlamentaria, porque no se puede golpear el futuro de este país», subrayó.
Sin acuerdo con el PSOE
Yolanda Díaz lamentó que a día de hoy no exista un acuerdo con el PSOE para prorrogar la congelación de los contratos de alquiler, medida que beneficiaría a más de 300.000 viviendas afectadas. «Necesitamos que se prorrogue esa congelación, porque se están revalorizando los arrendamientos en nuestros barrios, entre el 20%, el 30%, el 40% y el 50%», añadió.
Sobre los fondos de inversión, insistió en que deben salir de las ciudades españolas y afirmó que es una «indignación» que tributen al 1% a través de Socimis en el país. La ministra se refirió a la propuesta de Sumar que se debatirá y votará en el Congreso el 25 de noviembre, que busca reformar la Ley de Vivienda de 2023 para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España.
La propuesta de Sumar
Sumar presentó a mediados de octubre un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para intervenir en el mercado de la vivienda, centrado en tres ejes: la protección inmediata del inquilino, la especulación y la acaparación de viviendas en España, así como la restricción de los pisos turísticos.
Con estas medidas, los socios de coalición buscan, entre otras cosas, congelar los contratos de alquiler, regular los alquileres de temporada y turísticoss y aprobar reformas fiscales y legales que frenen la compra especulativa de vivienda.
Específicamente, Sumar quiere añadir tres años adicionales a los contratos de alquiler, incluidos los ya vigentes, especialmente en zonas tensionadas, donde se plantea ampliar la prórroga a un mínimo de 10 años. La regulación de rentas se aplicaría de forma «general, inmediata y transitoria» hasta que se declaren zonas tensionadas, fijando los nuevos contratos o renovaciones al mismo precio que el anterior, incluso si cambiara el propietario.
También se busca combatir el uso fraudulento de contratos de temporada estableciendo que estos duren más de 30 días para no considerarse turísticoss, y extender los derechos de los arrendatarios al alquiler de habitaciones.
En cuanto al segundo eje, Sumar propone modificar el Impuesto Temporal de las Grandes Fortunas para que los propietarios de cuatro o más viviendas tributen un 5% anual sobre su patrimonio inmobiliario, además de una bonificación del 40% de las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades para alquileres asequibles.
Finalmente, se planteará que solo se pueda realizar la nueva compra destinada a alquiler en viviendas asequibles, aplicando las limitaciones de renta de la Ley de Vivienda a grandes tenedores, y se propone elevar a rango de ley la obligación de registro de los alquileres de corta duración para mejorar el control del alquiler turístico, así como establecer un régimen sancionador disuasorio para los pisos turísticos.
