Redacción
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto imponer una multa de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro tras la apertura en marzo de un expediente sancionador por parte del departamento que dirige Pablo Bustinduy. Esta decisión ha sido revelada por la asociación de consumidores Facua.
Contexto de la Multa
El ministro Bustinduy ha señalado que la propuesta de sanción es «uno de los pasos intermedios dentro de un procedimiento del expediente del Ministerio». Según indicó, no se puede valorar mientras el expediente siga en curso. En una entrevista, el ministro enfatizó que debido al sistema garantista, no puede expresar una opinión sobre un procedimiento que esté en proceso.
Hace unos meses, el Ministerio de Consumo abrió un expediente a una «gran agencia inmobiliaria» por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión del alquiler. El nombre de la empresa, Alquiler Seguro, fue conocido posteriormente, luego de que Facua denunciara a la compañía en noviembre de 2023 por imponer el pago de honorarios a los inquilinos, una práctica prohibida por la ley de vivienda vigente.
Detrás de la Sanción
La propuesta de sanción está ahora a la espera de ser valorada por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, y se encuentra en fase de análisis, con expectativas de una decisión al revisar las alegaciones de las partes. La resolución ha sido comunicada a Facua cumpliendo lo establecido en la ley, ya que la asociación figura como parte en el procedimiento.
Consumo ha detectado irregularidades en los contratos de Alquiler Seguro, tales como la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino, que enmascara el cobro de gastos que deben asumir los propietarios. Además, se ha evidenciado la obligación de contratar un seguro del hogar y un estudio de solvencia económica, así como la limitación del derecho de desistimiento del contrato y la carga a los inquilinos de gastos derivados de reclamaciones judiciales o extrajudiciales.
Multa por Prácticas Abusivas
Desglosada por conceptos, el Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de un millón de euros a Alquiler Seguro por el cobro al inquilino de servicios que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos, corresponden al arrendador. El denominado Servicio de Atención al Inquilino (SAI) obligaba a los arrendatarios a pagar una mensualidad de renta más IVA/IGIC, modificada posteriormente a 990 euros más IVA/IGIC por conceptos como gestión documental o estudio de solvencia.
La resolución sostiene que Alquiler Seguro no puede eludir la prohibición de cobrar gastos inmobiliarios bajo la apariencia del SAI, ya que estos cargos eran impuestos al inquilino sin beneficios para él, sino solo para el propietario. La vigilancia del contrato SAI establecía que el inquilino pagaría lo mismo por los servicios, ya sea durante seis meses o cinco años, lo que criticó la falta de proporcionalidad a favor de la parte arrendadora.
Cláusulas Abusivas y Exigencias de Seguros
Además, se ha planteado una segunda sanción de 990.900 euros por exigir a los inquilinos la contratación de un seguro de hogar, práctica que beneficia al arrendador en cuanto a coberturas. También se incluyeron cláusulas que obligaban a los inquilinos a cubrir todos los gastos, derechos, impuestos o tasas judiciales, permitiendo su inclusión en ficheros de morosos por el impago de cualquier cantidad.
Finalmente, el expediente incluye posibles infracciones por la limitación del derecho de desistimiento sobre el SAI, pues muchas prestaciones que incluye no se ejecutarían si el inquilino no estuviera interesado.
El ministro Bustinduy ha expresado que, a pesar de los recursos limitados del Ministerio, se pondrán todos a disposición para asegurar que ninguna empresa esté por encima de la ley, refiriéndose al mercado de la vivienda como una jungla en los últimos años donde los inquilinos han estado en una situación de indefinición y vulnerabilidad.
