Maria Izquierdo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado a conocer hoy, 30 de septiembre de 2025, que llevará a cabo una investigación a empresas que ofrecen servicios o productos procedentes de los territorios palestinos ocupados por Israel. Esta medida se deriva del Real Decreto-ley aprobado la semana pasada, que pretende adoptar acciones urgentes en respuesta al genocidio en Gaza y brindar apoyo a la población palestina.
Según el comunicado del Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy, el artículo 4 de esta norma impide la publicidad de bienes y servicios originarios de los territorios ocupados, con la finalidad de limitar el desarrollo de este tipo de negocios en España.
La Dirección General de Consumo estará enfocada en investigar a aquellas empresas que se estarían beneficiando de esta ocupación. Así lo detalla un informe emitido en julio por Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, titulado ‘De la economía de la ocupación a la economía del genocidio’, en el cual se afirma que ciertas empresas se lucran de la ocupación ilegal de estos territorios.
Compromiso con la justicia
El Ministro Bustinduy había expresado previamente su firme compromiso de asegurar que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino.
La intención del Ministerio es que cualquier empresa presente en España abandone toda operación relacionada, de manera directa o indirecta, con la ocupación israelí. Desde el Ministerio de Derechos Sociales se considera que las ofertas de servicios vinculadas a esta ocupación contribuyen a perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio que enfrenta el pueblo palestino.
Cuestión de ilegalidad
Además, la cartera de Consumo señala que los negocios que se benefician de la ocupación son considerados ilícitos bajo el Derecho Internacional. De acuerdo con el informe de Albanese, la Fiscalía de Países Bajos ha comenzado a estudiar denuncias relacionadas con posibles violaciones de la normativa de blanqueo de capitales vinculadas a estas actividades.
El pasado viernes, Naciones Unidas amplió a 158 la lista de empresas que participan en el desarrollo de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Esta lista negra incluye a cuatro compañías españolas. En concreto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos añadió 68 nuevas empresas a la lista, señalándolas por facilitar la construcción y mantenimiento de los asentamientos y por participar en actividades como la demolición de propiedades palestinas y la contaminación de recursos naturales.
Reacciones de las empresas identificadas
Las compañías españolas mencionadas en esta lista son Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).
Apenas se conocieron los detalles de la lista, ACS emitió un comunicado aclarando que no realiza ninguna actividad en Israel y solicitó a la Oficina de la ONU que se retire su nombre de la lista. Por su parte, SEMI, que fue vendida en 2021, también se desvinculó del Grupo ACS, afirmando que no tiene relación con las operaciones en Israel o en los asentamientos israelíes.
Ineco negó tener vínculos con contratos en territorios ilegales y aseguró operar solo en territorios reconocidos internacionalmente, aunque admitieron que podrían estar involucrados en un proyecto que discurre por una línea de tranvía que llega a territorio ocupado. Desde octubre de 2023, tras los recientes acontecimientos en la región, Ineco ha iniciado un proceso de desvinculación de las autoridades y empresas israelíes.
La empresa CAF, que cuenta con capital público del Gobierno vasco, reconoció su participación en proyectos en zonas ocupadas, y, anticipándose a su inclusión en la lista, declaró su firme compromiso de respetar los derechos humanos en Palestina y su intención de operar conforme a los estándares más altos de integridad y responsabilidad.
