Maria Izquierdo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha negado que la prórroga de los contratos de alquiler sea una medida «inconstitucional» que solo pudo implementarse durante la pandemia. Según ellos, esta medida ha sido aprobada en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y convalidada en el Congreso “no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria».
Desde el departamento liderado por Pablo Bustinduy han defendido que «la prórroga es una medida necesaria», subrayando que los argumentos del PSOE sobre la inconstitucionalidad de la medida propuesta por Sumar «no se sostienen».
El Gobierno de coalición ha incluido la prórroga en tres Reales Decretos-Ley durante el estado de alarma y el escudo social frente al COVID-19, así como en cuatro Reales Decretos-Ley fuera del estado de alarma pero dentro del marco del escudo social, y un Real Decreto-Ley que fue aprobado en respuesta a la guerra en Ucrania.
En el contexto actual, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado que la emergencia habitacional es un factor más que suficiente para llevar a cabo otra prórroga de alquileres. Esto fue reiterado tras la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, afirmara en una entrevista que la medida propuesta por Sumar podría afectar la disponibilidad de viviendas en el mercado y plantearía «dudas jurídicas».
La propuesta de Sumar consiste en prorrogar de forma automática todos los contratos de alquiler que vayan a vencer en los próximos meses. Según Bustinduy, esta medida podría afectar a aproximadamente 1,6 millones de personas este año y a casi 3 millones hasta 2027.
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A medida que la situación continúa evolucionando, las discusiones sobre la prórroga de los contratos de alquiler se mantienen en la agenda política, destacando la polarización de opiniones entre los diferentes partidos.
