El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido la actuación del Gobierno en relación con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell, considerando que sienta un “precedente” en la defensa del interés general y la generación de valor para los accionistas. Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Cuerpo expuso sus argumentos a raíz de la inquietud generada en Bruselas, donde la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por la legislación utilizada por el Gobierno para establecer condicionantes en esta operación.

El ministro enfatizó que la decisión del Gobierno se basa únicamente en la protección del interés general y que, según su opinión, la normativa española está “perfectamente alineada” con la legislación europea. Esta postura se produce en un contexto en el que Bruselas sostiene que el Gobierno podría estar excediéndose, al imponer condicionantes que no solo atienden el interés general, lo cual podría afectar las competencias exclusivas del Banco Central Europeo.

### ESGRIME LA LEY DE COMPETENCIA DE 2007

Cuerpo aclaró que la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 brinda al Gobierno la facultad de intervenir en el interés general cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) eleva a segunda fase un expediente, dado que existe un posible riesgo para la competencia en la operación. En este sentido, el ministro se mostró firme al defender la condición impuesta por el Gobierno que establece la separación efectiva de la gestión de BBVA y Sabadell durante tres años, con la posibilidad de extender esta separación por dos años adicionales.

“Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación de un precedente donde se puede generar valor para los accionistas de ambas entidades sin que esto perjudique al interés general”, argumentó Carlos Cuerpo.

### EL GOBIERNO NO QUIERE DESPIDOS NI CIERRE DE OFICINAS

El ministro también afirmó que la estrategia del Gobierno busca evitar despidos o cierres de oficinas, prácticas comunes en operaciones de este tipo. Resaltó que la decisión de BBVA de continuar con la operación, aun tras las nuevas condiciones impuestas, demuestra que se puede generar valor para los accionistas sin menoscabar el interés general. “La continuidad de BBVA en esta operación evidencia que efectivamente puede generarse valor para los accionistas de ambas entidades sin que se viole el interés general”, concluyó.

El contexto de esta OPA es complejo y revela la tensión entre la regulación nacional y las directrices europeas, así como el compromiso del Gobierno español de garantizar que el interés general prevalezca en el proceso. La defensa de Cuerpo no solo se centra en la legalidad de las medidas tomadas, sino también en las implicaciones sociales de las decisiones empresariales en el sector financiero.

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