El sector eléctrico español experimentó un duro golpe en la Bolsa este miércoles, liderando los descensos en el índice Ibex 35 tras el revés sufrido en el Congreso de los Diputados con la derogación del decreto antiapagones del Gobierno. Este revés fue significativo en un contexto donde las empresas del sector ya enfrentaban desafíos.

A las 11.30 horas, Solaria y Endesa se destacaban entre las caídas, retrocediendo un 2,34% y un 1,93%, respectivamente. Además, Redeia, la compañía matriz del operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España, reportó una caída del 1,55%. Naturgy, que había presentado resultados positivos en el primer semestre del año con un beneficio neto de 1.147 millones de euros —un incremento del 10% en comparación al mismo periodo del año anterior—, no pudo evitar el descenso, anotando una caída del 0,55%.

Por otro lado, Iberdrola se vio suspendida de cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras anunciar una ampliación de capital acelerada de 5.000 millones de euros, destinada a financiar nuevas inversiones en redes eléctricas en Estados Unidos y Reino Unido, basándose en nuevos marcos tarifarios.

A pesar de la caída del sector eléctrico, el Ibex 35 mantenía en general beneficios superiores al 1%, acercándose a los 14.200 puntos. El lunes, el Pleno del Congreso aprobó la derogación del decreto, que intentaba reforzar el sistema eléctrico para prevenir apagones, como el que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. La derogación se produjo debido a la oposición del PP, Vox y UPN, y también de varios socios de investidura, como Podemos, BNG y Junts.

El resultado final de la votación fue 183 votos en contra, 165 a favor y sin abstenciones. Después del apagón de abril, que dejó a grandes áreas de la Península sin suministro eléctrico, el Gobierno prometió llevar a cabo un informe para evaluar las causas del incidente y proponer medidas preventivas.

En cuanto a las medidas, casi dos meses después del apagón, el Gobierno concluyó que el incidente fue causado por un problema multifactorial que provocó tensiones extremas, las cuales no pudieron ser controladas ni por las compañías eléctricas ni por Red Eléctrica. Esto llevó a una propuesta de decreto con varias medidas, entre ellas:

  1. Refuerzo de la supervisión: La norma aumentaba la supervisión del sector eléctrico por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
  2. Reducción de peajes: Se proponía bajar en un 80% los peajes a la industria electrointensiva.
  3. Facilitación de nuevas instalaciones: Se buscaba simplificar la conexión de nuevas instalaciones tanto de generación como de consumo.

Además, se incorporaban medidas para mejorar la resiliencia del sistema eléctrico, protegiendo a los consumidores mediante soluciones tecnológicas. También se planeaba actualizar el proceso de planificación de las redes eléctricas, con el fin de acortar plazos de tramitación para nuevas conexiones y fomentar la electrificación de la economía.

La normativa contaba con el respaldo de diversos grupos, incluyendo empresas industriales y asociaciones ecologistas, lo que muestra un consenso amplio para abordar los retos del sector eléctrico en España.

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