MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) – El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, defenderá ante el Consejo de la Unión Europea (UE) la necesidad de implantar un nuevo impuesto a los ‘ultrarricos’, conocido como la tasa Zucman. Esta propuesta busca gravar con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Bustinduy participará este viernes en el Consejo EPSCO (Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) de la UE, que se celebra en Chipre. Durante su intervención, abogará por la necesidad de introducir esta nueva tasa «que permita fortalecer el pilar social europeo en un momento en el que está siendo cuestionado por partidos de extrema derecha», según ha destacado en declaraciones previas a la ceremonia del Consejo.
«Debemos demostrar que el Estado social funciona y que es capaz de defender los intereses de la gente común, asegurando unas condiciones mínimas de bienestar, de libertad y de seguridad», indicó Bustinduy.
En esta línea, el ministro pondrá de manifiesto la necesidad de «reinventar el modelo de bienestar» y reforzar las políticas sociales como «la mejor respuesta ante aquellos que responden con autoritarismo y aislamiento a los desafíos de nuestra época».
Con el objetivo de garantizar unos servicios públicos de calidad y un sistema fiscal justo para financiarlos, Bustinduy planteará la necesidad de gravar, anualmente, los patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Esta tasa, apodada ‘tasa Zucman’ en honor al economista que la ideó, ha sido considerada por Bustinduy como «decisiva» para fortalecer las democracias europeas, apostando por la cohesión social y la distribución de la riqueza para reducir desigualdades y proteger los derechos sociales.
«Un sistema fiscal más justo y eficaz es la respuesta que la Unión Europea debe dar ante la concentración de riqueza y poder de magnates que amenazan su integridad. El futuro de Europa depende de la continua construcción y ampliación de las políticas sociales que han establecido un horizonte colectivo de certeza, bienestar y seguridad», manifestó Bustinduy.
Recaudación de 5.200 millones de euros
Bustinduy también señaló que, únicamente en España, la aplicación de la ‘tasa Zucman’ podría permitir recaudar hasta 5.200 millones de euros, según estimaciones del Observatorio Fiscal de la Unión Europea. «Esta cifra podría reforzar la lucha contra la pobreza infantil en España mediante la adopción de una prestación universal por crianza», subrayó.
Esta medida es una de las acciones prioritarias incluidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada recientemente en el Consejo de Ministros.
Durante su intervención en el debate sobre la futura Estrategia de la Unión Europea contra la Pobreza, Bustinduy también defenderá la necesidad de aprobar lo antes posible una prestación universal por crianza, considerada la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil, tal como lo demuestran los datos de los países que ya aplican dicha medida.
Tras el Consejo, el ministro se reunirá con Dara Calleary, ministro de Protección Social de Irlanda, otro de los países europeos donde esta prestación ya se aplica. En Irlanda, se aprobó en 2024 y ya ha reducido significativamente la pobreza infantil.
En relación con la prestación universal por crianza, Bustinduy enfatizará que debe ir acompañada de un modelo fiscal más justo, redistributivo y progresivo, destacando que no se trata de una ayuda, sino de un derecho de ciudadanía. «Por ello, debe ser universal, porque es un derecho y, así, podrá llegar directamente a las familias que más lo necesitan, a aquellas que muchas veces son difíciles de alcanzar con prestaciones focalizadas», afirmó.
Cuidados de larga duración
El segundo bloque de la jornada se centrará en los cuidados de larga duración y el envejecimiento activo. Bustinduy abordará los nuevos retos que la evolución demográfica plantea a las democracias europeas, incluyendo el incremento en la esperanza de vida, lo que exige un cambio en el modelo de cuidados, más centrado en las personas y sus necesidades.
«Envejecer es un logro democrático», ha afirmado el ministro en diversas ocasiones, subrayando que la prioridad del Gobierno debe ser consolidar un sistema público de cuidados que haya dejado atrás el modelo asistencialista, garantizando así la dignidad de las personas mayores o en situación de dependencia.
«Nuestro compromiso es asentar la reforma integral del modelo que hemos emprendido, para que sea más cercano y permita a estas personas permanecer en sus hogares tanto como lo deseen», concluyó Bustinduy.
