Maria Izquierdo
BRUSELAS, 17 de octubre de 2025 – La Comisión Europea ha afirmado este viernes que no realiza comentarios sobre «operaciones de mercado» para evitar emitir juicios sobre el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Sin embargo, han aclarado que el expediente sancionador contra España sigue su curso, motivado por los poderes discrecionales que la legislación española concede al Gobierno para frenar este tipo de operaciones, ya que el procedimiento examina la ley y no un caso específico.
Bruselas enfatizó que «no comenta el resultado de ninguna operación de mercado y nunca lo hará», según el portavoz comunitario para Servicios Financieros, Olof Gill, durante una rueda de prensa en la que se abordó la OPA fallida.
También, se prestó atención a que el procedimiento de infracción iniciado en julio contra España «sigue en marcha», dado que se consideró que existen disposiciones en la legislación española que incumplen la normativa comunitaria, más allá del caso específico del BBVA y Sabadell. El portavoz subrayó que «la clave es que la Comisión inició el procedimiento de infracción en relación a ciertas disposiciones de la ley española que, a nuestro juicio, infringen el Derecho comunitario», lo que afecta a las competencias exclusivas del Banco Central Europeo.
Adicionalmente, Gill insistió en que Bruselas «no comenta casos individuales de consolidación bancaria», aunque reconoció que se considera que la consolidación del sector, ya sea a través de fusiones nacionales o transfronterizas, podría contribuir a mejorar la eficiencia bancaria y, por ende, favorecer a la economía europea y a los consumidores en general.
En julio, los servicios comunitarios enviaron una carta de emplazamiento a las autoridades españolas informando de las dudas de Bruselas sobre la transposición de dos normas europeas que, en su opinión, requieren cambios profundos, y cuestionando si la intervención del Gobierno en la OPA respondía efectivamente a un interés general.
Con este paso, la Comisión inició un procedimiento de infracción contra España, abriendo un periodo de diálogo con las autoridades nacionales para resolver las inquietudes planteadas. Si no se llega a una solución y el expediente continúa, el asunto podría finalmente ser llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
