Maria Izquierdo
El grupo parlamentario de EH Bildu ha registrado una proposición de ley en el Congreso de España con el objetivo de prohibir que las plataformas digitales anuncien o contraten alojamientos turísticos ilegales que no dispongan de un número de registro o licencia. Esta medida busca hacer frente al «fenómeno incontrolado» de los alojamientos turísticos que han contribuido a la gentrificación, la expulsión de vecinos y al aumento del turismo masivo en diversas ciudades.
EH Bildu argumenta que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas carecen de los recursos necesarios para regular adecuadamente estos apartamentos ilegales, ya sea por falta de personal o por un enfoque permisivo hacia estos arrendamientos. De acuerdo con su perspectiva, los propietarios han seguido anunciando y alquilando alojamientos sin la debida licencia, lo que ha permitido que el mercado ilegal florezca sin control.
La propuesta legislativa establece que, aunque los municipios y comunidades autónomas podrán continuar regulando los pisos turísticos, las plataformas digitales asumirán también la responsabilidad de asegurarse de que los alojamientos que publicitan cuenten con el registro y licencia necesarios conforme a la normativa vigente. De esta forma, se busca que los anuncios irregulares sean retirados de manera más eficiente, evitando así procesos judiciales complicados.
En cuanto a las sanciones, la ley prevé un régimen sancionador que puede imponer multas de hasta un millón de euros a las empresas que incumplan los requisitos. Esto incluye casos en los que se permita la contratación de una vivienda turística sin la correspondiente licencia, o si no se vinculan los datos del anfitrión a la contratación del alojamiento.
Esta nueva normativa se apoyará en mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico estatal y europeo, tales como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos y el Reglamento de la Unión Europea sobre la recopilación y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. De implementarse, esta legislación busca reducir drásticamente la proliferación de alojamientos ilegales y asegurar su cumplimiento, representando un avance significativo en la regulación de este sector en auge en España.
