Redacción
El Congreso debatirá este martes una propuesta relevante en el ámbito de la regulación del mercado de alquileres en España, justo cuando el PSOE tiene congelada la tramitación de la ley de alquileres de temporada. Se trata de una ley impulsada por el portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, que busca prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia.
Según Matute, esta norma pretende poner fin al «fenómeno incontrolado» de los alojamientos turísticos, que han contribuido a la gentrificación de los barrios y ciudades, expulsionando a los vecinos y fomentando el aumento del turismo masivo. EH Bildu sostiene que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas enfrentan recursos limitados para regular estos apartamentos ilegales, y ha señalado que los arrendadores han aprovechado esta situación para continuar anunciando y contratando propiedades sin las licencias pertinentes. Esto ha permitido que el mercado ilegal de alojamientos turísticos haya proliferado sin control.
Multas de hasta un millón de euros
La propuesta incluye un régimen de multas que podría llegar hasta un millón de euros si se permite la contratación de una vivienda turística que carezca de licencia o número de registro, o de permiso de habitabilidad y salubridad. También se contemplan sanciones si se permite la contratación del alojamiento sin conectar los datos personales del anfitrión.
Matute ha expresado la necesidad de regular el mercado de alojamientos turísticos para que los que obtienen beneficios lo hagan de manera legal, asumiendo sus responsabilidades en cuanto a licencias y garantizando la calidad del servicio prestado.
Instan al Gobierno a anticiparse al problema
El portavoz de EH Bildu ha instado al Gobierno a anticiparse a este problema, sugiriendo que debe prohibirse por ley la publicidad de alojamientos ilegales en las plataformas. Matute ha manifestado que hay una «disposición» favorable en otros partidos para apoyar esta propuesta, la cual no plantea una posición ideológica clara. Sin embargo, ha señalado que en el contexto parlamentario a veces se presentan intereses que pueden interferir en los debates actuales.
El martes solo se votará la admisión a trámite de esta propuesta legislativa. En caso de que se acepte, comenzaría el proceso parlamentario y se abriría el plazo para que los grupos presenten enmiendas, un proceso que podría tardar varias semanas debido a la actual mayoría que ostentan el PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso.
Los alquileres de temporada siguen en el cajón
La última vez que se debatió en el Pleno una proposición de ley relacionada con vivienda fue la propuesta para regular los alquileres de temporada y habitaciones promovida por ERC, BNG, Bildu, Podemos y Sumar. Esta norma fue admitida a trámite en diciembre, y el plazo para enmiendas concluyó en mayo. Sin embargo, la Comisión de Vivienda encargada de su tramitación permanece estancada, lo que ha provocado malestar en varios socios de la investidura, quienes ya han señalado al PSOE que esta ley necesita una mayor celeridad en su tramitación.
Matute también ha manifestado su confusión sobre las dificultades que podrían existir para regular los alquileres de temporada, que se han transformado en una «vía de escape» ante las limitaciones impuestas por la Ley de Vivienda aprobada en 2023. Según el portavoz de EH Bildu, es crucial establecer regulaciones en los alquileres para que aquellos que se beneficen lo hagan dentro de «límites razonables».
ERC defenderá una batería de medidas en vivienda
En este contexto, Esquerra Republicana presentará durante la sesión plenaria del martes una propuesta de ley que incluye una serie de medidas destinadas a abordar la crisis de vivienda, como la creación de un nuevo impuesto para quienes posean tres viviendas o más. La propuesta de ERC también busca que el Gobierno impulse una agenda legislativa que penalice la compra especulativa de propiedades, regule adecuadamente los alquileres de temporada y garantice que las administraciones cuenten con los recursos necesarios para alcanzar la media europea de viviendas protegidas en un máximo de tres años, iniciando su tramitación en no más de tres meses.
Además, se contemplan propuestas para aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos y modificar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que permitiría a los municipios imponer recargos específicos a grandes tenedores de propiedades y a aquellos destinados al uso turístico. Entre otras medidas, se incluye la eliminación de privilegios fiscales a las Socimis y la extensión de los topes de alquileres en zonas de mercado residencial tensionado, con el objetivo de alcanzar un 5% de parque protegido en 2026 y un 9% en 2027.
